Personas con una economía muy limitada, la mayoría desempleados de larga duración o con una discapacidad física «pero no suficiente para cobrar una prestación»; extranjeros que han venido por reagrupación familiar y que «no tienen derecho a seguridad social y, si no pueden pagar el seguro obligatorio, se quedan sin medicación» y si pueden pagarlo, «no el 100% de la medicación»; y familias con niños que no pueden cubrir las vacunas que no entran en el calendario. Estos son los perfiles de las personas que padecen pobreza farmacéutica en Aragón, muchos de ellos enfermos crónicos, pero no todos, asegura Marisa Juan, trabajadora social en el centro de salud de las Fuentes.
A ellos se suman personas en edad laboral, algunos de los cuales están trabajando pero «con un sueldo tan bajo que no pueden completar la medicación», afirma Homero Val, responsable del fondo social del medicamento del Banco Farmacéutico en Cataluña y Aragón, que cuentan con 39 activos en la provincia de Zaragoza, que se benefician del fondo (este año comenzarán en Teruel), y una inversión de más de 70.000 euros desde que se inició el programa en 2018.
Hasta 2012 los medicamentos los asumía el estado, pero la reforma del PP impuso el copago. Desde entonces están exentos los que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo, cobran la renta de integración social o una pensión no contributiva. El resto, en mayor o menor medida pagan parte de las medicinas. Uno de los problemas es que «se mantiene el nivel fiscal del año anterior», con lo cual, si alguien ha cobrado una prestación hasta febrero, el copago se mantiene todo el año, explica Val; quien en el Banco Farmacéutico han notado un 30% de aumento con respecto al primer trimestre del año pasado, por «trabajos perdidos, confinamientos», gasto en mascarillas, geles hidroalcohólicos, etc».
Cruz Roja mantiene el plan creado para el confinamiento
Durante la pandemia, Cruz Roja puso en marcha el Plan Responde, con el que reforzaba sus mecanismos de emergencia. Se llegó a alianzas con los hospitales Miguel Servet, San Juan de Dios y Royo Villanova, y fue la entidad que entregaba la medicación a pacientes y enfermos dispensada por sus farmacias, entregándolas puerta a puerta para evitar riesgos de contagios. Se acercaron medicinas a más de 100 personas diarias en las semanas más duras y realizó 3.737 entregas de medicación. De ahí, que tras el confinamiento se mantenga ahora el plan.
En el caso de Marisa Juan también ha notado un aumento y atiende, más o menos, a cinco personas cada día. Para la trabajadora social la pobreza farmacéutica «no se visibiliza» porque no interesa». Ella es el primer eslabón. Si el paciente calle, no recibirá ayuda y no tomará su medicación. Si el paciente se lo cuenta al médico, lo derivan a las trabajadoras sociales. Y ella al Banco Farmacéutico, «un buen programa» que no tiene continuidad porque «no hay fondos», algo que corrobora Val: «En febrero se nos agotaron los fondos que teníamos previstos para todo 2021».
Así que el siguiente paso es mandarlos al hospital San Juan de Dios, que «con un informe suelen aceptar las ayudas» pero «con un tiempo límite de un año», por lo que no cubre las ayudas farmacéuticas de larga duración o las patologías crónicas, lamenta la trabajadora social. Lo entiende, porque así se beneficia a más gente, pero «en el Banco de Alimentos no se ayuda un año». La tercera opción, y la última, «llorar a Cáritas o a Cruz Roja», señala.
La primera atiende a los más excluidos, aseguran, a quienes no tienen acceso a otros recursos. Durante 2020 entregó 1.087 ayudas económicas directas por un valor más de 54.000 euros para la compra de medicinas y/ ortopedia, aunque destacan que «las necesidades médicas son una cuestión sanitaria y no social» y que su papel es «subsidiario».
Desde Cruz Roja, se atendieron a lo largo del año pasado a unas 30.000 personas en inclusión social, de las que 2.000 fueron ayudas para farmacia, porque desde la organización cuentan con ayudas para medicación desde distintos proyectos de inclusión social como infancia, inmigrantes, personas sin hogar, etcétera.
Otras oenegés, como Farmacéuticos sin Fronteras inició el programa Cuarto mundo en Zaragoza en 2007, trabajando con la Hermandad del Refugio como centro piloto. Posteriormente se incorporaron otros centros privados y la mayoría de centros de salud. En este tiempo han ayudado en Zaragoza a unas 600 personas, enviadas por esos colaboradores que, tras rellenar una ficha y validarla, cualquier farmacia le dispensa los medicamentos a través de un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos, que centraliza la gestión para los pagos.
Para Marisa Juan la solución estaría, en parte, con que el Banco Farmacéutico tuviera fondos, que el Gobierno de Aragón tuviera una partida anual para él porque «el recurso está creado» y si no se mantienen esas ayuda o no se «formalizan» generan «falsas expectativas que no pueden ser cubiertas».
Homero Val, por su parte, considera, que la pobreza farmacéutica va muy ligada a la pobreza, es «una cara más del cubo de rubik, igual que la infantil, la habitacional, la energética o la alimentaria». Además, «no se soluciona con empleo, porque dos de cada tres personas que están en pobreza trabajan», asegura. Y añade: «Existe la falsa creencia de que el covid es democrático pero no es así», afecta más a los más pobres, que tienen que «ir en transporte público, gastar en mascarillas», no pueden teletrabajar, viven más hacinados, etc.
El 70% de los beneficiarios del Banco farmacéutico son de origen nacional, y un 17% menores; y de estos, el 56% tienen trastorno del sistema nervioso, lo que quiere decir que «en España, el paciente de una familia pobre, multiplica por cuatro la posibilidad de sufrir trastornos del sistema nervioso»; y la imposibilidad de costear la medicación.
