El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha identificado que ha pagado de más en torno a 20 millones de euros a un amplio número de trabajadores aragoneses que percibieron prestaciones de paro por los ertes del coronavirus. Los cobros indebidos se dieron sobre todo en los primeros meses de la crisis sanitaria como consecuencia del colapso administrativo y los problemas en la comunicación de las altas y bajas en este mecanismo de suspensión de empleo. Casi un año y medio después del estallido de la pandemia y de que se activará esta herramienta de protección social, el organismo público ha acelerado el proceso de regularización. Los afectados por esta situación han devuelto ya en la comunidad más de 10 millones de euros, es decir, en torno a la mitad de la cantidad total que debe retornar al erario público en este territorio.
Fue a principios de año cuando el antiguo Inem reforzó con más personal el departamento de cobros indebidos para intensificar este servicio. En Zaragoza hay ahora trece personas dedicadas a este cometido, cuando antes eran solo dos. La tarea había quedado aparcada hasta entonces ante el atasco de trabajo y la necesidad de priorizar la tramitación de las solicitudes y prestaciones de las sucesivas oleadas de ertes que se han ido producido desde que estallara la pandemia a mediados de marzo de 2020. No en vano, el impacto de la pandemia en el mundo laboral ha sido ingente. Más de 177.000 aragoneses han estado inmersos en expedientes temporales de empleo provocados por el covid –3,7 millones en toda España–, ya sea por unos días, semanas, meses o, incluso en algunos casos, más de un año.
Un millón de euros al mes
El proceso de regularización se hace por dos vías. Si el afectado sigue de alta en un erte, el SEPE realiza una compensación en los pagos mensuales. Pero en la mayoría de los casos se realiza a través de un requerimiento por carta para proceder a la devolución. En la comunidad se han remitido más de 9.000 misivas de este tipo de las aproximadamente 20.000 que se mandaran por haberse detectado pagos indebidos pendientes de devolver, de manera que quedan por resolver más de 10.000 casos.
El número de trabajadores afectados por este problema es menor, ya que hay perceptores con varios expedientes por errores en los pagos. Al final del proceso, el importe total recuperado en la comunidad aragonesa superará los 20 millones de euros. El ritmo de devolución es de aproximadamente un millón al mes, por lo que «tardaremos más de un año en ponernos al día», explicó a este diario Fernando de Miguel, director provincial del SEPE en Zaragoza. «Queda tarea abundante, pero poco a poco lo vamos regularizando», agregó.
Cartas no entregadas
En verano se ha intensificado estas gestiones. De hecho, solo en julio han llegado a recuperarse dos millones de euros. Esto ha hecho también que algunos de los requerimientos no han llegado a sus destinatarios al encontrarse fuera de su hogar por las vacaciones. En caso de que la carta certificada remitida por este organismo haya sido devuelta porque Correos no ha podido entregarla en persona, esta se vuelve a enviar si así lo solicita el interesado. Si esto no ocurre, el aviso se remite para su publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE).
Empieza a verse la luz al final del largo túnel de la pandemia, pero al cierre del mes de julio seguía habiendo 6.400 trabajadores en ertes bajo la modalidad del cocovid-19 (por fuerza mayor), cuya quinta prórroga abarca hasta el 30 de septiembre, aunque todo apunta a que la medida volverá a prolongarse hasta final del año.
De esta manera, el número de afectados se ha recortado a la mitad en solo tres meses –en mayo se superaban los 12.000– y es casi un 90% inferior a la de abril de 2020, cuando se alcanzó el máximo, con casi 87.000 trabajos en hibernación. La cifra podría incluso ser menor en estos momentos por la notable recuperación que están experimentado en agosto los sectores del turismo y la hostelería, que concentran el mayor número de suspensiones de empleo de este tipo. La reactivación de estos negocios es incluso mejor a la prevista, como lo demuestra el hecho de que hayan reabierto la mayor parte de los hoteles de Zaragoza, algo que hace unos meses era impensable.
Crisis de los chips
A pesar de este alivio, ha surgido un nuevo frente de inestabilidad laboral que a causa de la llamada crisis de los microchips, un componente esencial para las cadenas de suministro de múltiples industrias como la del automóvil. La falta de componentes ha forzado a la planta de Stellantis de Figueruelas a aplicar ertes por causas objetivas —carecen de exoneraciones– para sus más de 5.500 empleados, con el consiguiente efecto rebote en las empresas auxiliares. Esto ha devenido en un nuevo repunte de carga de trabajo para el SEPE. Solo en la provincia de Zaragoza hay ya cerca 10.000 trabajadores en expedientes de este tipo, aunque el periodo fijado para su aplicación es limitado (la mayoría, de 50 días). H
