La presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, ha dado una nueva vuelta de tuerca al debate de la fiscalidad con el anuncio de la supresión de tres impuestos propios en su comunidad autónoma. Una postura que en Aragón solo defiende el Partido Popular, que considera que el presidente aragonés, Javier Lambán, debería «tomar ejemplo» de Díaz Ayuso para mejorar la creación de empleo. El resto de partidos políticos incidieron en recuperar la armonización fiscal, aunque con matices sobre cómo debe producirse y, sobre todo, para qué.

Fuentes del Gobierno autonómico subrayaron que defienden la armonización fiscal «porque evita agravios y la desigualdad entre los territorios». Además, señalaron que los impuestos que ahora suprime el Gobierno de la Comunidad de Madrid «Aragón no los aplica» y reprocharon que la rebaja que consigue la medida a efectos reales es «pírrica» en comparación con el volumen del presupuesto anual madrileño.

Mar Vaquero, portavoz adjunta de los populares en el Parlamento aragonés, criticó que la armonización fiscal suponga «una subida de impuestos» además de «quitar a las comunidades su independencia». Vaquero aseguró que «el argumento de subir impuestos para mantener los servicios públicos es una excusa» y reivindicó una «mejor financiación autonómica» para ello, negando que el efecto de la capitalidad que arrastra Madrid les permita implantar una fiscalidad más baja.

El resto de partidos aragoneses afearon el «golpe de efecto» que la presidenta madrileña ha querido conseguir, y que en la práctica apenas supone ahorro para los contribuyentes. «Parece más bien una medida populista», criticó el portavoz de Hacienda de Ciudadanos en las Cortes, José Luis Saz, que reclamó mayor «alivio fiscal» que lo que supone la medida madrileña, «de 5 millones sobre los 22.000 de que dispone la comunidad de Madrid».

El portavoz de los socialistas, Vicente Guillén, remarcó esta idea, que los impuestos suprimidos «apenas suponen el 0,02% de lo que recauda Madrid» e insistió en la importancia de la «armonización fiscal para reducir los desequilibrios».

Para Joaquín Palacín, portavoz de CHA, la decisión de Ayuso representa la «política de la derecha, que busca más las privatizaciones que unos servicios públicos de calidad, como defendemos para Aragón». En esta línea, desde Podemos denunciaron que Ayuso promueve el «dumping fiscal y la competencia desleal» entre comunidades, y que la medida «mermará la calidad de los servicios públicos».

Para Álvaro Sanz, portavoz de IU, las políticas de Ayuso solo sirven para «destrozar los servicios públicos y privatizarlos», y denunció que «solo rebajan los impuestos a los ricos y los madrileños de a pie solo verán cómo se deterioran los servicios públicos que garantizan sus derechos». Desde Vox criticaron el anuncio y apostaron por la «igualdad» entre los españoles, aunque se mostraron a favor de «cualquier medida que implique una reducción de la carga impositiva».