El Gobierno de Aragón llevará al Ejecutivo central al Tribunal Constitucional si se producen «agravios» con la comunidad autónoma o sobre la unidad de España en el marco de la mesa de diálogo iniciada con Cataluña. También, ha asegurado el presidente aragonés, Javier Lambán, actuarán de la misma manera si se otorgan fondos extraordinarios, fuera del marco de la financiación autonómica, a otras comunidades autónomas que así lo están reclamando, como Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) y Ximo Puig (PSOE) han unido fuerzas para reclamar una «compensación» hasta que se reforme el sistema de financiación. Mientras, el jefe del Ejecutivo aragonés confirma que participará en la reunión convocada en Santiago de Compostela a finales de octubre para seguir trabajando en el frente común de las comunidades autónomas más despobladas.
El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento autonómico, Daniel Pérez Calvo, le había preguntado a Lambán si, como el socialista Emiliano García Page, estaría dispuesto a llegar a los tribunales para defender los intereses de Aragón si se produce algún agravio con la comunidad a raíz de las reuniones de la mesa del diálogo con la Generalitat. «Aragón ha estado dispuesto siempre» a ir a los tribunales contra Sánchez si se producen agravios hacia Aragón, ha respondido contundente el presidente. «Es un imperativo del Estatuto de Autonomía y este Gobierno iría al Constitucional o al Supremo si fuera necesario», ha matizado.
«No nos temblará la mano»
Lambán ha recordado que el Gobierno autonómico ha presentado ya tres recursos ante el Tribunal Constitucional, siete ante el Tribunal Supremo y diez ante la Audiencia Nacional. «No nos temblará la mano en seguir haciéndolo, es un imperativo del propio Estatuto de Autonomía y una exigencia del pacto de investidura» del cuatripartito, ha incidido. También ha recordado que se pueden presentar recursos previos ante determinados Estatutos de Autonomía que se entienda que vulneran los derechos de Aragón. Así lo harán de darse el caso.
«Este Gobierno y este presidente, si se llegara a una decisión en esa mesa que pasara por un nuevo Estatuto para Cataluña y este vulnerara los intereses de Aragón o lo esencial de la unidad de España, se presentaría de manera inmediata ante el Constitucional con absoluta determinación», ha afirmado. Harán lo mismo, ha añadido, si se cumplen las peticiones de las comunidades autónomas que reclaman unos «fondos especiales» al margen de la financiación autonómica. «Si eso ocurriera, la DGA también actuaría», ha avisado.
Además, el presidente socialista ha reiterado que no le gusta la mesa del diálogo iniciada entre el Gobierno central y la «Generalidad de Cataluña». Es una alternativa que no recogen «ni la Constitución Española ni el Estatuto de Cataluña» y por eso ha vuelto a vaticinar su «fracaso». «Le pronostico un fracaso porque si todo lo que se ha de resolver debe pasar por que el Gobierno de España acepte la amnistía y la autodeterminación, es decir, un referéndum por la independencia de Cataluña, ambas condiciones son inaceptables», ha dicho.
Bilateral
Por otro lado, el presidente aragonés ha concretado la fecha de la reunión de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, pendiente en la comunidad desde el año 2018, a pesar de que según el Estatuto de Autonomía, dicha comisión debe reunirse dos veces al año. Lambán ha anunciado que la cita tendrá lugar «la segunda semana de noviembre», y ha asegurado que la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ya trabaja «a fondo» los asuntos de «gran importancia» que se dirimirán en la cita.
Despoblación
Asimismo, Lambán ha confirmado su presencia en la reunión prevista para finales de octubre en Santiago de Compostela, con Alberto Núñez Feijóo (PP) como anfitrión, donde se reforzará la imagen de unión de las comunidades autónomas más despobladas y su lucha por una financiación que prime el coste de los servicios frente al criterio poblacional. «Creo que la razón nos asiste a las comunidades despobladas», ha dicho Lambán. De momento, las fichas siguen moviéndose, a pesar de que el Gobierno central todavía no ha puesto fecha a la reforma del sistema de financiación autonómica.
