La explotación laboral y la trata de seres humanos no dejan de ser una realidad en Aragón a fecha de 2021. Es más, los datos indican que el trabajo forzoso crece en la comunidad, que tiene rostro de mujer latinoamericana y que el explotador es, de forma general, de nacionalidad española. De hecho, cerca de 3.000 personas sufren atentados contra sus derechos laborales, según la estimación que hizo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2018.
Para los afectados, la normalidad laboral se evidencia en salarios por debajo de convenio, "interminables" jornadas de trabajo durante siete días a la semana y 24 horas al día en el caso de las trabajadoras internas, trato vejatorio y degradante, ausencia de prevención de riesgos laborales, abusos de toda índole y, por supuesto, la no contratación, con el consiguiente fraude a la Seguridad Social. Así lo ha explicado este lunes el responsable del Departamento de Migraciones de UGT Aragón, Antonio Ranera, durante la presentación del informe 'Explotación y trata de seres humanos con fines laborales: una práctica presente en Aragón'.
Los datos no mejoran, han asegurado desde UGT, debido a la creciente desigualdad social derivada de la crisis de 2008, lo que lleva aparejado un aumento de la exclusión social, y a la irregularidad administrativa o la precariedad en la autorización de trabajo o residencia de las personas inmigrantes, ha apuntado Ranera. Es más, en relación a los casos atendidos por el sindicato, estos se han triplicado desde 2018, habiendo registrado desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2021 un total de 26 situaciones denunciables, que suman 41 víctimas. Hace cuatro años fueron 8 casos con 13 víctimas.
El trabajo forzoso no es algo que se desarrolle en lugares oscuros y apartados, sino que convive con todos nosotros en nuestros barrios, pueblos y ciudades", ha afirmado Ranera. De este modo, en la distribución por sectores, el trabajo doméstico y de cuidados lidera el ránking de explotación aragonés con un 37% de las víctimas, seguido de la agricultura y la ganadería, que congrega al 29% de las víctimas, y de la hostelería, con el 22%. Con menor incidencia aparecen sectores como la alimentación, la construcción o la chatarra.
El perfil de las víctimas
La explotación laboral se ceba con los más desprotegidos. La organización sindical ha registrado una feminización del perfil de la víctima, derivada sobre todo de los empleos de cuidados en el hogar, muy poco regulados, y de la hostelería. También la nacionalidad es un factor de riesgo, dado que dos de cada tres personas que son víctimas han nacido en Latinoamérica. Además, el trabajador explotado suele ser joven -la mitad tiene menos de 35 años- y la inmensa mayoría tiene menos de 54.
Por otro lado, el 36 % de las personas sometidas a explotación laboral se encontraban en situación irregular, lo que, advierte Ranera, demuestra que la irregularidad administrativa, el no tener papeles, es "un riesgo que desencadena caer en la explotación" aunque ha advertido de que un 64 % sí tenía papeles y demuestra que personas en situación regular también pueden verse afectadas.
