FUERZAS DE SEGURIDAD
El fuerte incremento de las agresiones a los profesionales que han desarrollado un papel de primera importancia en la lucha contra el coronavirus ha afectado especialmente a los cuerpos y fuerzas de seguridad: las policías nacional y local y la Guardia Civil. De hecho, según los datos que maneja el Sindicato Unificado de Policía (SUP), este 2021 se ha producido casi un 10% de incremento en el número de agresiones a agentes de la autoridad con respecto al ejercicio anterior. «En 2020 hubo unas 8.200 y este año se calcula que, a finales de diciembre, el número de atentados a representantes de la ley ascenderá a 9.000», explica Ángel Mena, del SUP. Estos datos se producen a nivel nacional, «pero se corresponden exactamente con la tendencia que se registra en la comunidad aragonesa», aclara el sindicalista del Cuerpo Nacional de Policía.
En este contexto, la declaración de la inconstitucionalidad de las sanciones impuestas durante el primer y el segundo confinamiento por el coronavirus ha causado un gran malestar entre los cuerpos y fuerzas de seguridad, encargados de mantener el orden cuando imperaba el encierro domiciliario casi total, salvo para las actividades consideradas esenciales. «Es otro golpe más al principio de autoridad que representan los agentes», subraya Mena.
En su opinión, el revés judicial, que se refiere a las sanciones que recurridas y a las que no han completado su tramitación administrativa, se debe a «un mal planteamiento desde el principio, cuando se hizo depender de la Ley de Seguridad Ciudadana un asunto que tendría que haber estado supeditado a las medidas del estado de excepción».
El resultado es que ahora los agentes de la Policía Nacional y de la Local «sienten que su trabajo no ha servido para nada, que han malgastado su esfuerzo», denuncia Mena. «Lo sucedido con las multas ha creado un gran enfado entre los agentes, que consideran que es una muestra más del desamparo institucional en el que desarrollan su labor», agrega.
La decisión judicial que prohíbe el cobro de las multas pendientes es vista por los sindicatos policiales y por las asociaciones profesionales de la Guardia Civil como una medida que pone en cuestión su autoridad, de la misma forma que lo hacen las cada vez más frecuentes agresiones de que son objeto los agentes de los distintos cuerpos en el desarrollo de su labor. «Hemos llegado a un punto en que golpear a un policía sale gratis», lamenta Chema Recio, responsable de Confederación de Seguridad Local (CSL). «Necesitamos que las instituciones, en particular la Justicia se pongan de nuestro lado, pues somos los garantes del estado de derecho», afirma.
PERSONAL SANITARIO
En lo que va de 2021, en el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza constan cinco notificaciones de agresiones físicas a sanitarios. Se trata de un recuento propio de la organización y se refiere a la provincia, pero el dato es más elevado si se tiene en cuenta la comunidad. Hasta septiembre, según datos del Salud, ha habido 130 agresiones en toda la comunidad. En 2020 se contabilizaron un total de 236, de las que 91 fueron físicas.
La tensión derivada de la pandemia es evidente. Las atenciones presenciales se han limitado y cuando se han retomado ha sido con «limitaciones» a los acompañantes en las consultas. Una situación que ha dejado más «indefensos» a los sanitarios, especialmente a las mujeres, el colectivo que más agresiones recibe. De los 236 casos que hubo en 2020, 197 fueron a sanitarias.
Desde la consejería de Sanidad de la DGA reconocen que «solo se comunican una parte mínima de las agresiones que se producen» porque «muchas» siguen sin ser denunciadas ante el organismo.
Según el histórico de casos comunicados al Servicio de Prevención del Salud desde 2012, las cifras anuales en Aragón han ido variando, aunque en el global se percibe una crecida en los últimos años. Así, en 2012 hubo 132 agresiones; 128 en 2013; 97 en 2014; 114 en 2015; 130 en 2016; 175 en 2017; 253 en 2018; 294 en 2019; y 236 en 2020.
El año pasado, 10 de los 236 profesionales agredidos cursaron incapacidad temporal como resultado del caso y siete solicitan defensa jurídica. En cuanto al lugar, siguen siendo los hospitales el espacio donde más se producen, dado que el 68% fueron en grandes centros sanitarios y el 31,7% en Atención Primaria y extrahospitalaria. La mayoría de los casos fueron agresiones verbales, mediante insultos o intimidación, y el colectivo que más las sufrió en 2020 fueron las enfermeras.
Una de las reclamaciones de los sindicatos al Salud es disponer de más personal de seguridad en algunos centros de Primaria para frenar esta «lacra», así como ofrecer recursos de prevención o de alerta en el caso de quienes hacen visitas a domicilio. El Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza puso en marcha en 2019 un protocolo de actuación y un teléfono de asistencia para aquellos colegiados que se sientan en peligro. En 2020 se registraron en él 12 agresiones y 17 en 2019, cifras muy superiores a las 4 y 5 llamadas que hubo en 2017 y 2018. Este número de teléfono (601 755 044) funciona las 24 horas del día de lunes a domingo y proporciona acompañamiento y asesoramiento sobre cómo denunciar ante las autoridades policiales. También guían sobre el servicio gratuito de asesoría jurídica.
PERSONAL DOCENTE
Las agresiones al personal docente existen, pero en el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón no se cuenta con un registro oficial que los casos. Son los propios profesores y los sindicatos quienes testan la situación mediante encuestas o denuncias muy concretas.
En la comunidad educativa de Aragón no hay una problemática de agresiones físicas como tal, pero sí se reproducen mucho los insultos y las amenazas. El pasado mes de mayo, desde CSIF se realizó un informe tras preguntar a 500 docentes de la comunidad y en él se decía que un 41% reconocía un aumento de los «comportamientos disruptivos» en el aula.
El 14% aseguró que había recibido «insultos y amenazas del alumnado» durante el curso de la pandemia y el 96% de los encuestados sintió que el pasado curso sufrieron una carga emocional extra por la crisis del covid. La tensión, rebeldía y falta de educación en algunos estudiantes también se hace extensible a sus familias. «Hay muchas situaciones de amenazas o insultos por parte de familiares», reconoce Mónica de Cristóbal, portavoz de Educación en CSIF Aragón. «Seguimos denunciando que faltan medios en los centros», añadía.
Desde el sindicato educativo independiente Anpe Aragón apuntan que en el presente curso se han duplicado los casos de conflictividad en las aulas, mientras que en 2020 detectaron por medio de su servicio del Defensor del Profesor un «incremento» los casos en Secundaria y una bajada en Primaria e Infantil. En este caso, lo achacan a «un cambio en la forma de interrelacionarse, fruto del cambio a enseñanza a distancia durante el último trimestre del curso», según detalla este colectivo.
Los motivos que derivan en los centros educativos en estas agresiones son, fundamentalmente, cuestiones relacionadas con notas, correcciones o evaluaciones. Y, en el último año, según Anpe Aragón, han aumentado considerablemente las faltas de respeto del 2,17% al 61,1% y el ciberacoso al docente, pasando de un 6,52% a un 22,2%. Respecto a a esto último, el incremento se dio sobre todo en el último cuatrimestre de 2020 como consecuencia del aumento de la comunicación con el alumnado a través de las nuevas tecnologías.
La consecuencia en el personal docente ha sido un coste emocional «importante», porque al desgaste derivado de la pandemia se han unido esas situaciones de agresión que han traído más casos de ansiedad, síntomas depresivos o inclusos bajas laborales. «Este curso ha empezado con más tranquilidad», apunta Cristóbal desde Csif Aragón.
