El Gobierno de Aragón impulsa, con una partida de 225.000 euros, la puesta en marcha de una aplicación informática para apoyar a los profesionales dedicados a la justicia gratuita, tal y como avanzó ayer en el pleno la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, quien compareció a petición del PP, Ciudadanos y Vox.

En su intervención, señaló que el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza no le ha trasladado «ningún problema» del servicio de justicia gratuita y reclamó a los grupos solicitantes de la comparecencia que no utilicen a los colectivos sectoriales «para desgastar al Gobierno».

Explicó que la partida presupuestaria para 2022 es de cuatro millones y que es un crédito ampliable, y añadió que el Gobierno de Aragón ha mantenido el presupuesto a pesar de que han bajado los índices de delincuencia, recalcando que «nunca se han dejado de pagar los servicios de justicia gratuita». Más aún, aseguró que «nunca los abogados y procuradores habían cobrado con tanta celeridad».

Pérez reprochó al PP que cuando gobernó 2011-2015-- los pagos a estos profesionales se demoraban en 18 meses, lo que ahora se ha recortado y se paga a trimestre vencido, además de aumentar el coste, de 150 euros por expediente en 2014 a 196 euros en 2017.