Reducir las trabas burocráticas, limitar los plazos de respuesta de la Administración y lograr un servicio «más ágil» para los ciudadanos, los autónomos y las pymes. Este es el objetivo que se marca el Gobierno de Aragón con la ley de simplificación administrativa, que este jueves ha dado un nuevo paso adelante en su tramitación parlamentaria en las Cortes de Aragón, con el apoyo de los cuatro grupos que sustentan el cuatripartito (PSOE, Podemos, CHA y PAR), Ciudadanos, el PP, la abstención de Vox y el voto en contra de Izquierda Unida.
«Con esta ley vamos a lograr una administración más ágil y proactiva ya que el Aragón que sale de la crisis de la pandemia es distinto al de febrero de 2020», defendió la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, Mayte Pérez, en su comparecencia para defender el texto normativo que desarrolla la ley de simplificación administrativa.
Con ella, defendió, «se facilitará el acceso a los servicios públicos por parte de la sociedad». Como ejemplos prácticos, destacó Pérez, las solicitudes de ayudas en ámbitos como los de las víctimas de la violencia de género o a las víctimas del terrorismo se otorgarán pasado el tiempo reglamentario al pasar a considerar el silencio administrativo como «positivo».
El único voto en contra llegó del portavoz de IU, Álvaro Sanz, que alertó del riesgo de «desregulación» que podría implicar la norma. «Una cosa es simplificar y otra es desentenderse o desregular, que es lo que IU entiende que se va a conseguir con este cambio normativo», manifestó. «¿Cómo vamos a cumplir los plazos de responder en tres meses, si ahora no cumplimos unos plazos más amplios, sin reforzar el personal?», se preguntó Sanz, que lamentó que la nueva legislación no servirá para que quienes esperan una prestación social la cobren antes.
Otra de las características de la ley es que sustituye en varios preceptos las autorizaciones previas por declaraciones responsables, redefine el catálogo de servicios y modifica la ley de subvenciones para que sean las Administraciones las que cotejen los datos de los usuarios.
Desde Vox, aunque se abstuvieron, también criticaron que genera «inseguridad jurídica» y se opusieron al silencio administrativo positivo por este motivo.
Desde el PP, la diputada Carmen Susín criticó la complejidad de una norma que pretende precisamente simplificar los trámites administrativos. «Tiene guasa que una ley de simplificación tenga que tener seis meses después otra que la desarrolle, y tres meses después, el desarrollo del reglamento», criticó. Pese a dar su visto bueno ayer, los conservadores avisaron: no darán su apoyo si se pone en riesgo la «seguridad jurídica».
Las novedades: plazos de 3 meses y silencio positivo
En el caso de las ayudas directas, la nueva ley reduce el plazo de resolución a tres meses. Si no, se entenderá la ayuda por desestimada.
La ley de Cooperativas modifica su texto para que, en el caso del registro de los estatutos, si en el plazo de dos meses la Administración no ha respondido, se considere el silencio administrativo positivo como positivo. En Servicios Sociales, también se entenderá el silencio administrativo como positivo.
