El Partido Popular volcó ayer todas sus críticas al Gobierno autonómico en la gestión sanitaria y de los servicios sociales en Aragón. Las consejeras de ambas áreas, Sira Repollés y María Victoria Broto, negaron las acusaciones y denunciaron desde la tribuna la estrategia de los conservadores, criticando que las diputadas del grupo parlamentario popular Ana Marín (Sanidad) y Marian Orós (Ciudadanía) aportaron datos «incorrectos». Como suele ocurrir en los debates sobre la dependencia y la gestión sanitaria, de nuevo los socialistas tiraron de hemeroteca para comparar sus cifras con las de la etapa de Rudi en el Pignatelli. «Hemos duplicado las atenciones a la dependencia», proclamó la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, ante las críticas.
El debate subió de tono, especialmente, cuando la diputada popular Orós acusó al Ejecutivo autonómico de repartir los fondos europeos a las entidades locales para efectuar mejoras en las residencias por criterios «partidistas». «De 69 solicitudes de entidades locales presentadas, hay 32 aceptadas. De esas 32, 21 están gobernadas por el PSOE, 7 por el PP y el resto, por otros partidos. El 73% van a entidades locales gobernadas por el PSOE y el 23% para las gobernadas por el PP, cuando el 70% de la población aragonesa vive en un municipio gobernado por el PP», denunció Orós.
Estas cifras fueron contestadas por Broto. «¡Qué vergüenza y qué desprestigio de la política lo que acaba de hacer, señora Orós! Se ha publicado en el BOA (Boletín Oficial de Aragón) y los datos que ha dado no son correctos. Ha habido 71 solicitudes y 33 ayuntamientos que han tenido subvención», puntualizó la consejera. Entre los solicitantes, había muchos más consistorios socialistas (41) que populares (17). Por eso, Broto criticó que Orós «nunca creyó» que saldría adelante la convocatoria. Además incidió en que el reparto se produjo por «criterios técnicos, no políticos», y añadió que las cuantías destinadas iban en función de lo demandado por las entidades locales. Tal y como se refleja en la publicación del BOA, el Ayuntamiento de Zaragoza presentó un proyecto por 728.445 euros, y recibe 369.3094 euros de ayudas, mientras que Pina de Ebro presentó un proyecto valorado en 1.760.330 euros y ha obtenido 500.000 en ayudas.
Hospital de Alcañiz
El PP volvió a cargar, por otro lado, contra la gestión en el hospital de Alcañiz. La portavoz sanitaria del PP, Ana Marín, afirmó que de los once internistas que tiene en plantilla el hospital de Alcañiz, en octubre solo había «seis y medio, seis a jornada completa y un internista a media jornada, y no llegan a todo». También criticó «el intento de paralizar, reestructurar según el lenguaje del Gobierno aragonés, la unidad de hospitalización a domicilio del hospital de Alcañiz», que «no solo recibió el rechazo de los profesionales sanitarios, también de los usuarios e incluso del ayuntamiento».
La consejera de Sanidad, Sira Repollés, dijo que «es falso» que este servicio se vaya a interrumpir: «No se ha paralizado en ningún momento». Sobre la merma de efectivos, Repollés explicó que Alcañiz tiene asignadas 10 plazas de medicina interna y tres adicionales autorizadas para asistencia domiciliaria, pero por distintas cuestiones actualmente son siete y el servicio de hospitalización domiciliaria «se ha mantenido gracias al compromiso de los profesionales». Este lunes, dos especialistas de los hospitales Royo Villanova y Miguel Servet de Zaragoza se desplazarán diariamente a Alcañiz para reforzar la plantilla.
