La plantilla de la empresa Bosal, ubicada en Pedrola y dedicada a la fabricación de los tubos de escape, decidió ayer en asamblea convocar huelga del 7 al 23 de diciembre ante las últimas medidas adoptadas por la compañía a nivel laboral e industrial. La incertidumbre sobre el futuro de esta planta es máxima entre sus 160 trabajadores. La gota que ha colmado el vaso ha sido el expediente de regulación temporal de empleo (erte) propuesto por la compañía para el año que viene, que contempla hasta ocho meses de inactividad (247) y ninguna medida compensatoria y condiciones que incumplen el pacto de empresa firmado con la parte social en 2019.

El problema de fondo es que la cartera de pedidos de la fábrica para los dos próximos años es insuficiente para el mantenimiento del actual nivel de mano de obra.

A esto se suma la ralentización de la producción que ha traído consigo la falta de microchips, un mal que afecta de manera general a todo el sector del automóvil. De hecho, Bosal Pedrola ya venía aplicando un erte por este motivo, que fue acordado con el comité. Sin embargo, la parte social ha acabado denunciando el expediente en la Inspección de Trabajo por no ser «rotativo y equitativo» ni dar prioridad a los voluntarios que quieran acogerse al mismo, condiciones que venían recogidas en el pacto de empresa.

Temor a un despido colectivo ‘low cost’

Estos mismos incumplimientos podrían repetirse en el nuevo procedimiento de suspensión de empleo propuesto por la compañía el pasado jueves, en el que tampoco se recogen compensaciones económicas por la merma de ingresos que sufriría la plantilla siendo además de tan larga duración. Los efectos «abusivos» de este expediente no quedan ahí, según el comité, ya que la propuesta de la dirección también contempla afecciones en las pagas extraordinarias y las vacaciones.

«Nos presentan un erte muy agresivo para 2022 y nos tememos que en 2023 quieran aligerar la plantilla con un ere 'low cost'», aseguraron fuentes de CCOO, que es mayoría en el comité. Así lo creen porque ese año ya no estaría vigente el actual pacto de empresa, que en caso de despido fija una elevada indemnización (más de 40 días con un tope de unos dos años). «Vemos que esas son las intenciones», concluyeron.

El conflicto laboral que se ha abierto en esta industria es una réplica del vivido en el año 2018, cuando corrió un serio peligro al perder el contrato para la fabricación de los tubos de escape del Opel Corsa, que se fabrica en la planta de Figueruelas. Suponía casi el 70% de la actividad de la factoría. La situación se logró salvar gracias a un pacto de empresa con el comité, que aceptó rebajas salariales a cambio de un plan industrial que aseguraba la carga de trabajo, pero que ahora se va a ver diezmado por la falta de nuevos pedidos.