La reforma laboral de 2012 cumpliría el próximo año una década de vida. Durante este periodo han sido muchos sus detractores, pero también sus defensores en un contexto en el que la gran depresión de 2008 fue clave para su aplicación. Este martes, el consejo de Ministros firmó su acta de defunción con un nuevo texto cuyo impacto todavía resulta difícil de determinar, aunque los sindicatos aragoneses sostienen que rebajará «en varios puntos» la temporalidad y permitirá mejorar los salarios.
La patronal aragonesa dio su visto bueno al acuerdo sobre la reforma durante la ejecutiva celebrada por CEOE la pasada semana. Y lo hace porque «no se modifica en esencia la del 2012» y porque en estos momentos «es importante dotar de estabilidad a España», según sostiene el presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur. Pese a ello, considera que «se ha desaprovechado una gran oportunidad» para impulsar una norma robusta para el futuro.
No son de la misma opinión los sindicatos, que, aunque hubieran querido un texto más ambicioso, creen que la reforma laboral «es necesaria» y hubiera sido preciso aplicarla hace ya unos años, porque la del 2012 «solo sirvió para impulsar los contratos temporales basados en la precariedad», sostiene el secretario de Empleo y Formación de CCOO en Aragón, Carmelo Asensio. Señala al respecto que la nueva normativa permitirá «reducir entre siete y ocho puntos» la temporalidad en Aragón» y elevará los salarios de 180.000 aragoneses, de forma indirecta, que se suman a los 60.000 que ya lo han logrado gracias a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
También bendice la norma UGT en Aragón, cuyo secretario general, Daniel Alastuey, anticipa que, por ejemplo, los contratos por obra y servicio, que representan un tercio del total en Aragón, desaparecerán. Además, valora de forma notable el «reequilibrio en la negociación colectiva», lo que permitirá pactar mejores salarios. Alastuey elogia el esfuerzo realizado y sostiene que los agentes sociales han demostrado que «los contenidos deben de estar por encima de las ideologías» y, aunque lamenta no haber podido ir más allá, cree que es un «buen acuerdo» porque se reducirá «en varios puntos» la temporalidad en el mercado laboral aragonés.
La última década
Los datos del mercado laboral en los últimos años permiten llegar a la conclusión de que las reformas laborales impulsadas por Zapatero (en 2010) y Rajoy (en 2012) dispararon la temporalidad, elevaron la precariedad, redujeron la duración de los contratos y crearon una mayor desigualdad. La norma, que se puso en marcha para amortiguar el tremendo impacto de la gran recesión, a través de una mayor flexibilidad para las empresas, se perpetuó más allá de la crisis y se afianzó durante la recuperación económica.
Para calibrar los efectos en Aragón de la reforma del 2012, aprobada por el Gobierno de Rajoy y que fue respondida por los sindicatos con una convocatoria de huelga general, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha tomado como referencia los años 2011 y 2019, ya que el pasado ejercicio estuvo claramente condicionado por la crisis del covid. Una de las primeras conclusiones que se extraen es que los salarios apenas crecieron.
Los datos del Instituto Aragonés de Estadística (Iaest) revelan que si en el 2011 un trabajador de la comunidad tenía un salario medio de 19.572 euros, en el 2019 (con la recuperación a velocidad de crucero) las nóminas estaban en 19.973 euros, apenas 400 euros más. Y todo ello, a pesar del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 22,3%, hasta los 900 euros.
Los ajustes salariales, que fueron mayores entre las nóminas más bajas, unido al incremento de la precariedad y la mayor rotación en el empleo hizo que se acuñara el término de pobreza laboral por el incremento de los niveles de pobreza entre los ocupados.
Empleo efímero
Desde la perspectiva laboral, las cifras reflejan que mientras en 2012 la duración media de los contratos temporales era de 58 días en Aragón, siete años después se reducía hasta los 43,8 días. Además, los contratos indefinidos firmados en la comunidad cayeron por debajo del 10% en el 2019, de forma que solo 57.852 de los 633.452 que se llevaron a cabo fueron fijos. En 2012, cuando los efectos de la reforma laboral todavía no se habían reflejado en el mercado de trabajo, la cifra total de contratos fue de 352.148 debido al contexto de crisis, aunque la temporalidad fue menor, situándose en el 89%.
La reforma laboral permitió reducir el coste del despido como nunca antes y las empresas comenzaron a prescindir de personal eventual por la crisis. Sin embargo, la reactivación de la economía no se tradujo en un incremento de indefinidos. Hoy, uno de cada cuatro aragoneses tiene un contrato temporal. El Banco de España ya alertó en mayor del 2020 que los contratos cada vez duran menos. Y eso, sostiene el organismo, va en detrimento de la productividad.
OSTA rechaza el texto porque refuerza las tesis de la patronal
OSTA mostró ayer su rechazo a la reforma laboral al considerar que asume un «modelo impuesto por la Unión Europea, en base a unas directrices neoliberales que generan una gran desigualdad». El sindicato señala además que la reforma laboral «consolida las exigencias establecidas por la patronal durante las últimas reformas laborales», aprobadas por los gobiernos del PSOE y del PP, lo que ha supuesto convenios estatales con «condiciones laborales inferiores a las acordados en los diferentes territorios».
Asimismo, OSTA considera que aprobar el acuerdo sin haber derogado las anteriores reformas laborales, es «asumir por parte de los sindicatos CCOO, UGT y el Gobierno los mecanismos de flexibilidad, la reducción de las indemnizaciones por despido, los descuelgues salariales, así como la distribución irregular de la jornada, consolidando de esta forma la precariedad laboral», apunta el sindicato en un comunicado.
