Pasan los días y los contagios de covid-19 que se notifican no dejan de escalar hasta cotas nunca vistas a lo largo de la pandemia. Solo en las dos últimas semanas se han declarado casi 60.000 casos positivos en Aragón –en concreto, 59.269 desde el pasado 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena–. Son casi una cuarta parte (el 23,5%) de todos los contabilizados desde que estalló la crisis sanitaria. Ayer mismo se marcó un nuevo récord. Un suma y sigue que, además de las consecuencias sanitarias que se derivan –menos graves que en anteriores olas gracias al elevado grado de vacunación–, está haciendo mella en el ámbito laboral y el tejido económico, al tiempo que empieza a inquietar por sus efectos en la prestación de los servicios públicos.
Por el momento, las administraciones están pudiendo sortear el aluvión de ausencias al trabajo provocadas por el coronavirus. En algunos casos, como el ámbito sanitario, a duras penas y a costa de una brutal sobrecarga de trabajo. Pero a este ritmo la situación podría agravarse y provocar una crisis de efectivos en algunas áreas u organismos, como así lo advierten los sindicatos.
En la plantilla del Gobierno de Aragón empieza a percibirse este impacto en los recursos humanos, aunque se momento cunde la normalidad. El pasado miércoles estaban de baja en la Administración autonómica un total de 3.821 empleados públicos, lo que supone el 6,7% del total. Por departamentos, 1.960 correspondían a la Administración General, 1.097 a Sanidad, 738 a Educación y 26 a Justicia, según los datos aportados por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, que no detalla la causa médica, aunque se deduce que la mayor parte son debido al coronavirus. En la misma fecha de hace un año, había 3.421 funcionarios en esta situación.
«Agotados y sobrecargados»
El Ayuntamiento de Zaragoza y la Administración General del Estado no han ofrecido todavía información al respecto, pero la inquietud es creciente en todas las plantillas y estamentos por lo que ocurra en las próximas semanas. Desde el sindicato CSIF advierten que los trabajadores públicos están «agotados y sobrecargados».
En Sanidad, por ejemplo, «venimos denunciando la falta de personal desde hace tiempo», señalan. En este sentido, recuerdan que en Aragón no se renovaron los contratos de refuerzo covid que terminaron en octubre y «ahora hay grandes carencias». «La Atención Primaria está colapsada y las urgencias hospitalarias también al límite. Ahora nos encontramos con que las bolsas de interinos de enfermería y facultativos (médicos) están a cero y no hay más personal para cubrir bajas», afirma el presidente de CSIF Zaragoza, Alberto Juan.
«Hay trabajadores que están renunciando a días de fiesta y doblando turnos para poder cubrir todos los servicios», añade. En el sindicato referente del sector público también preocupa cómo afectarán las bajas laborales puedan a servicios de atención directa al público, como las oficinas del SEPE u otros organismos.
«Todo se puede resentir, tanto los servicios públicos como la empresa privada, dado lo contagiosa que es la variante ómicron, que está mermando las plantillas, sobre todo en el tejido empresarial más pequeño, que es el mayoritario en Aragón», asegura José de las Morenas, secretario de Política Sindical e Industria de UGT Aragón.
Aunque la situación «es cada vez más complicada», recalca la necesidad de «garantizar un retorno seguro» a sus puestos de los trabajadores contagiados con pruebas diagnósticas que avalen la no transmisión del virus. «Hay que mantener ese marco de intervención, gestión y control de la salud para descarta esa positividad», apuntó.
Críticas al autotest
Al igual que las organizaciones empresariales, el también coordinador de Salud Laboral de UGT a nivel estatal rechazó el uso generalizado del autodiagnóstico para la notificación de casos. «Puede ser un escenario puntual para quitar estrés a la Atención Primaria, pero corresponde al profesional sanitario avalar un caso positivo y la correspondiente baja», explicó.
En diciembre casi se quintuplicaron en la comunidad las incapacidades temporales provocadas por el virus respecto al mes anterior, hasta un total de 19.500 procesos, según los datos facilitados por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), que cifra en 566.175 los trabajadores afectados a nivel nacional, un 632% más. Esto es consecuencia de la explosión de infecciones que ha traído consigo la séptima ola de la pandemia y la variante ómicron.
Los últimos datos disponibles de la Seguridad Social sobre bajas se remontan a octubre. Hasta ese momento se acumulaban en Aragón un total de 56.561 procesos de este tipo desde el inicio de 2021, es decir, una media mensual de 5.656, casi cuatro veces menos de los que se registraron en diciembre, según las mutuas. Al cierre del mes del Pilar quedaban además en vigor 992 casos.
La incidencia media mensual por cada mil trabajadores protegidos fue de 10,03 en los diez primeros meses del año pasado año, una de las tasas más bajas de España. La duración media de las bajas por contagiados o aislados por contactos cercanos de covid es de 14,38 días, en línea con los 14 días de la media estatal, donde se han contabilizado ya 2,067 millones de incapacidades temporales y 25.200 estaban todavía activas.
Aunque no se conocen datos oficiales por ahora, la escalada de bajas no ha cesado en enero, a tenor de los partes diarios de contagios que se van conociendo. Algunas empresas han tenido esta semana el 10% de su plantilla de baja, según la patronal CEOE Aragón, que considera que con los índices de incidencia de la variante ómicron y con el sistema de autodiagnóstico, este nivel de absentismo laboral «podría incrementarse de forma todavía mayor y provocar problemas para mantener la actividad de las empresas», especialmente de las pymes.
