La residencia Santa Fe de Cuarte de Huerva sufrió en el verano de 2015 el peor incendio en instalaciones de este tipo en todo el siglo XXI en España hasta este miércoles con la tragedia de Moncada, en Valencia. Murieron 9 personas. Supuso un antes y un después en las residencias aragonesas, ya que se impulsó una inspección en toda la comunidad con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad en caso de situaciones de riesgo y provocó el cierre de seis en octubre de ese mismo año, unos meses después de lo sucedido.
Poco antes de la medianoche del 11 de julio se produjo un fuego en un colchón de una habitación que se encontraba vacía en la primera planta. Más tarde se supo que Carmen Alejandre Soriano, una interna, fue quien originó el fuego, por lo que fue sentenciada a 61 años y quince días de prisión con cargos de nueve delitos de homicidio, nueve de lesiones y otro de incendio. En su declaración ante el juez “juró” que no había prendido el fuego.
Las autopsias de los nueve fallecidos revelaron que habían inhalado monóxido de carbono como consecuencia del humo. Según revelaron los forenses entonces, ninguno sufrió quemaduras, sino que cayeron “profundamente dormidos” por el gas, “que no se nota ni se huele”.
En el momento, el 112 recibió un primer aviso a las 23.48 y la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, el cuerpo de Bomberos y Protección Civil acudieron en pocos minutos. Pasado un cuarto de hora de las doce de la noche, los residentes ya se encontraban fuera del edificio y se produjeron los traslados a los hospitales y la residencia de Alfamén, donde pasaron la noche los supervivientes acompañados de sus familiares.
El incendio no se dio por extinguido hasta las 2.00 de la madrugada, algo más de dos horas después del aviso. A lo largo de la noche continuaron las labores en la residencia, entre la consternación de los vecinos. Una de ellas, Maribel, que solamente quiso revelar su nombre a este diario, aseguró que en 17 años de funcionamiento “no había pasado nada”. Decía encontrarse en ‘shock’ por lo sucedido, como el resto de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos. “Nadie está preparado para un final así”, lamentaba la hija de uno de los fallecidos.
En la trágica madrugada del 11 al 12 de julio, solo había una cuidadora a cargo de una veintena de ancianos. Su actuación y la de los vecinos, como Pedro Marco Martínez, que vivía en una finca contigua, evitaron más muertes. Al ver el incendio, saltaron la valla que delimitaba la residencia y rompieron la puerta para acceder. Una vez dentro se la encontraron pidiendo socorro en medio del humo.
“El humo era insoportable, era imposible acceder a la segunda planta y de hecho los bomberos nos recomendaron no hacerlo. Sacamos a un hombre sin piernas y sin brazos que no hubiese podido salir de allí si no es por nosotros. A otra mujer la tuvimos que desatar de la cama rápidamente pidiéndole las llaves a la responsable. Estaban todos es estado de shock y no sabían qué estaba sucediendo”, declaró Pedro a este diario el 12 de julio.
La residencia no contaba con permisos
Días después de la tragedia, cuando se comenzó a arrojar luz sobre lo sucedido, se descubrieron alrededor de la residencia Santa Fe numerosas irregularidades. El Ayuntamiento de Zaragoza prohibió su construcción porque la empresa encargada no contaba con la licencia de obra, por lo que había estado abierta ilegalmente desde 1998.
Además, el Gobierno de Aragón había detectado en 2012, tres años antes de la tragedia, anomalías en las instalaciones que motivaron la retirada de su licencia de apertura ese mismo año, además de un expediente sancionador en 2014.
