La Asociación Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que solo el 9 % de la población que vive en el umbral de la pobreza cobra una renta mínima de inserción autonómica, un porcentaje que esconde diferencias territoriales que van de la cobertura del 61,8 % del País Vasco al 1,7 % de Castilla-La Mancha, mientras que en Aragón alcanza al 10,9 %.
La asociación, que analiza datos del Ministerio de Derechos Sociales correspondientes a 2020, asegura que siete comunidades (Madrid, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León, Castilla la Mancha y La Rioja) redujeron el presupuesto y el número de beneficiarios de rentas mínimas en el año de la pandemia "con la coartada del ingreso mínimo vital" que se puso en marcha a mediados de ese año.
Según su informe, Madrid fue la comunidad que más redujo el número de personas beneficiarias (12.471, un menos), seguida de Aragón con 11.339, Cataluña la que más lo aumentó (42.414 personas) y la Comunidad Valenciana la que más elevó la cobertura respecto a las personas en situación de riesgo de pobreza (2,72 puntos más).
A cierre de 2020 por detrás del País Vasco (61,8 %) se situó Navarra con una cobertura del 59,6 % de personas beneficiarias sobre su umbral de pobreza, seguida de lejos por Asturias (19,2 %), Cantabria (16,8 %), Cataluña (12,3 %), Aragón (10,9 %) y Baleares (10,2 %).
Detrás se situaron Madrid (8,4 %), Castilla y León (8,3 %), Extremadura (7,6 %), Comunidad Valenciana (6,9 %), La Rioja (6,7 %), Murcia (6,4 %) y Andalucía (5,3 %). A la cola, Galicia (4,6 %), Canarias (3,3 %) y Castilla-La Mancha (1,7 %).
De acuerdo con los gerentes de servicios sociales, la cuantía media por perceptor de rentas mínimas de inserción en el conjunto de España supone el 15,3 % de la renta media por hogar, un cuantía "extremadamente baja" que ha bajado 2 puntos desde 2019 "condicionado probablemente por la aparición del ingreso mínimo vital".
