La huelga de secretarios judiciales, convocada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), tuvo un importante impacto en Aragón, no solo por lograr un 60% de seguimiento entre los 144 convocados, sino porque estos paros obligaron ayer a suspender 82 juicios en las sedes judiciales de la comunidad.
Como es habitual en este tipo de huelgas, ese seguimiento del 60% según la UPSJ, fue del 30% para el Ministerio de Justicia. Mientras, los servicios mínimos oscilaban entre el 10% y el 30% dependiendo de los órganos judiciales. Según afirmó el portavoz de la UPSJ, Carlos Jesús Artal, además de los juicios suspendidos, apenas ha habido en esta jornada embargos judiciales, señalamientos de subastas o de desahucios, no se han admitido demandas, etc.
Al acercarse la huelga, fuentes de la negociación y del Ministerio avanzaron que el Consejo de Ministros del próximo 1 de febrero aprobará un complemento retributivo de 195 euros al mes para estos profesionales. Supone una subida de 2.430 euros al año, el 5,26 % de sus retribuciones, a lo que hay que sumar el 2 % de incremento salarial a todo el sector público.
"Es una cantidad apreciable, pero con ella no se compensa el aumento del 3 % de las funciones que asumimos los letrados de la administración de justicia hace más de una década", destacó Artal, que recordó que aspiran además a una negociación colectiva propia.
Señaló que son más de 600 las nuevas funciones que se han encomendado a este colectivo a través de modificaciones legislativas desde 2009. Las reivindicaciones de estos profesionales, entre otras medidas, son la equiparación salarial con otros funcionarios del grupo A.1 como jueces y fiscales, demandas que son históricas, dado que sus tareas se vienen incrementando desde 2003 «y después soportaron la bajada de sueldo que hubo en la época de José Luis Rodríguez Zapatero y no se ha recuperado el poder adquisitivo». Se trata de un cuerpo superior jurídico, cuya oposición tiene un temario de cerca de 300 temas, y que estos profesionales tienen la carrera de Derecho.
También reclaman poder realizar una negociación colectiva propia es otra de las reivindicaciones de los antiguos secretarios judiciales, pero el departamento de Pilar Llop rechaza esta posibilidad porque la legitimación para negociar en representación de los trabajadores la tienen los sindicatos generalistas. Por territorios, según el Ministerio, destaca La Rioja (65,63%), Murcia (58,4%) y Melilla (47,3%). Siguen a estas comunidades Galicia (seguimiento por parte del 32,75 % de la plantilla de letrados), Aragón (30,89 %), Cantabria (28,81 %), Extremadura (25,49 %), Madrid (25,51 %), Andalucía (25,27 %), Comunidad Valenciana (24,79 %), Castilla-La Mancha (24,70 %), Asturias (23,48 %), País Vasco (23,38 %), Navarra (18,52 %) y Ceuta (7,14 %).
En los órganos centrales, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, se han sumado al paro el 14,75 % de los letrados, de acuerdo con el Ministerio.
Mientras, la UPJS cifra el seguimiento en el 70 %, con numerosas vistas suspendidas y declaraciones aplazadas en juicios relevantes, desde Villarejo a Púnica.
