La Diputación General de Aragón es en la actualidad, junto a los ayuntamientos, la administración más cercana al ciudadano que presta los servicios que más importan y preocupan a la sociedad, como son la educación, la universidad, las políticas activas de empleo, los servicios sociales y la asistencia sanitaria. A principios de 2008, se formalizó el traspaso de la Administración de Justicia culminando un largo proceso de transferencias procedentes del Estado que había arrancado con cuentagotas unos 40 años atrás con el primer Gobierno autonómico que salió elegido en las urnas en 1983. 

Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1982, la reclamación a Madrid de mayores competencias ha sido una constante de los distintos Gobiernos que ha tenido la comunidad y que han visto en la descentralización una fórmula exitosa de incrementar su poder, prestar mejores y más cercanos servicios a sus ciudadanos y, en consecuencia, mejorar el bienestar de la sociedad. «Siempre se ha entendido que más competencias implica mayor calidad democrática, gestión descentralizada, más cercanía al ciudadano y más control de los gobernantes», subraya Carmen Rubio, letrada de las Cortes de Aragón, especializada en el desarrollo competencial.

Para avanzar en la descentralización, el Estatuto se ha erigido en la herramienta jurídica por excelencia, en el escaparate del autogobierno real de la comunidad. O dicho de otro modo, las competencias que no están recogidas en el Estatuto no pueden ser transferidas y, por tanto, permanecen en poder del Estado. Un ejemplo ilustrativo es la competencia de Defensa, que es exclusiva del Estado y que, por tanto, su gestión no puede ser asumida por las autonomías. El resto de competencias son negociables. De ahí, la necesidad permanente en Aragón de reformar su Estatuto y de liderar la demanda de mayor autogobierno. 

En dos fases 

El Estado se ha ido adelgazando de competencias de forma progresiva desde 1978, fecha de aprobación en referéndum de la Constitución y de inicio de la nueva etapa autonómica. Según datos oficiales, a lo largo de este periodo se han producido 2.008 acuerdos de traspaso de competencias desde la Administración Central a las Comunidades Autónomas. En el caso de Aragón, la suma total de acuerdos se sitúa en 112. Estas transferencias han implicado también el traspaso de más de 800.000 funcionarios.

El grueso de las transferencias se produjo en dos momentos muy concretos: mediados de la década de los 80 y mediados de los 90. Lógicamente, esta evolución al alza experimentada por los traspasos se ha traducido en un fuerte aumento del personal público adscrito a las comunidades y en el incremento de los presupuestos anuales de cada autonomía. Cataluña, Andalucía y Galicia son las autonomías con más acuerdos de transferencia de competencias. No obstante, hay que matizar que aunque se transfiera una competencia, el Estado conserva la responsabilidad exclusiva en determinadas funciones por lo que mantiene parte de la plantilla.  

Cataluña fue la comunidad autónoma pionera en recibir la gestión del Insalud, en 1981. Aragón asumió la competencia dos décadas después, en 2001 junto a La Rioja, Murcia, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria e Islas Baleares. En 1998, Aragón, Cantabria y La Rioja recibieron las competencias en Educación no Universitaria, la otra gran materia que había sido transferida en 1980 a País Vasco y Cataluña, cuyos gobiernos nacionalistas eran fundamentales para la estabilidad del Gobierno de Felipe González. El goteo de traspasos se sucedió en la década de los 90. Así, Aragón asumió en 1996 la universidad y los servicios sociales, dos competencias que fueron incorporadas a la denominada reforma corta del Estatuto, que tampoco frenó la reivindicación aragonesa de mayor autogobierno.         

Aragón alcanzó la meta de la autonomía plena en 2007 con la aprobación del actual Estatuto de Autonomía con el que Aragón profundizó en su autogobierno y, a juicio de los partidos que lo apoyaron, igualó a la comunidad autónoma al nivel competencial de las regiones más desarrolladas. El cuadro competencial experimenta en el texto de 2007 un significativo crecimiento. Incrementa el número de competencias de 41 a 59. Lenguas y modalidades lingüísticas propias; consultas populares, voluntariado social, políticas de igualdad social, biotecnología, biomedicina y genética, protección civil, administración de justicia, participación en la planificación y gestión de las infraestructuras estatales –en particular en la planificación hidrológica y en los órganos de gestión estatal de los recursos hídricos, sistema penitenciario o la posibilidad de crear una policía autonómica, son algunos ejemplos de nuevas competencias recogidas en el Estatuto vigente en la actualidad. 

Muchas de esas competencias han sido ya transferidas a la comunidad autónoma. Sin embargo, faltan todavía más de 20 competencias por traspasar, principalmente porque el Gobierno de Aragón prefiere no asumir su gestión si están infradotadas económicamente