El Ayuntamiento de Alcañiz ha sido condenado por la Justicia a abonar diferencias salariales al jefe provisional de la Policía Local, que recientemente recibió una medalla al mérito policial y que pese a ello ha sido destituido verbalmente tras la apertura de de un expediente por desobedecer supuestamente las órdenes impartidas por el alcalde y los concejales de Personal y Seguridad Ciudadana.
El regidor de la localidad, el socialista Ignacio Urquizu, declinó ayer hacer declaraciones sobre la postura municipal, alegando que el asunto está en manos de los tribunales.
El embrollo judicial empezó el pasado mes de junio, cuando la Justicia condenó al Ayuntamiento de Alcañiz a abonar al jefe accidental de la Policía Local, Pedro Antonio Obón, las diferencias retributivas complementarias que le adeuda debido a que, teniendo el puesto de oficial, ha estado ejerciendo de subinspector del cuerpo hasta la actualidad durante un periodo de cinco años.
Según la resolución, al no aplicar al agente las retribuciones que le correspondían se produjo un «enriquecimiento injusto» a favor del consistorio, «siendo manifiestamente insuficiente la convocatoria de la plaza vacante de subinspector.
Conducta ejemplar
Se da la circunstancia de que Obón fue distinguido en marzo pasado, como recoge el Boletín Oficial de Aragón, con la condecoración al mérito policial, con distintivo azul, «por sobresalir en el cumplimiento de los deberes a su cargo», observar «una conducta ejemplar» y «realizar trabajos destacados».
El jefe accidental de la Policía Local alcañizana recibió la citada distinción un mes más tarde, en abril, de manos del presidente de Aragón, Javier Lambán.
Pero para entonces ya se le había notificado una resolución de alcaldía por la que se le abría una investigación por una supuesta «desobediencia abierta» a las indicaciones de sus superiores civiles, «especialmente en la organización del servicio con los respectivos refuerzos durante las festividades de la localidad».
Esta presunta actuación es calificada como constitutiva de una falta muy grave. La resolución establece que la pasada Semana Santa el jefe policial «desoyó las órdenes dadas por el alcalde» y desatendió sucesivos requerimientos para que presentara la liquidación de la caja de efectivo depositada en las oficinas de la Policía Local.
Víctor Manuel Gómez Azcoitia, abogado de Pedro Antonio Obón, solicitará la «restitución» del agente en el puesto que ocupaba, así como que se deje sin efecto la destitución, «que le fue comunicada verbalmente» y constituye «un acto de represalia».
