"Creemos que estamos en disposición de recuperar la población y empleo perdidos durante décadas en esta comarca". Así lo aseguró este lunes en Andorra la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, durante la presentación del convenio de transición justa para la zona de Teruel afectada por el desmantelamiento de la industria del carbón, un plan de reactivación socioeconómica que contempla una inversión pública de 204 millones de euros en los próximos siete años.
Con el despliegue de esta cifra mágica, los proyectos ya ejecutados con las ayudas ya existentes y las actuaciones derivadas del concurso de renovables del nudo Mudéjar, prometió que se compensará «con creces» los 532 puestos de trabajo que desaparecieron por el cierre de las últimas minas de carbón y de la térmica de la villa minera.
Un total de 34 municipios turolenses se beneficiarán de este instrumento de actuación, cuyo contenido y financiación han sido acordados por el ministerio y el Gobierno autonómico. Buena parte de dinero público que regará las diferentes líneas de acción provendrá de los fondos europeos de recuperación. Se trata del primer territorio del país en contar con un documento base con compromisos específicos para las zonas afectadas por procesos de descarbonización energética.
La puesta de largo del plan tuvo lugar en la Casa de Cultura de Andorra, donde se dieron cita más de un centenar de personas, entre alcaldes, representantes de la sociedad civil y de los agentes sociales y empresariales. En un ambiente de gran expectación, la ministra y el presidente de Aragón, Javier Lambán, desgranaron las líneas maestras que se pondrán en marcha de aquí a 2030. En el escenario también estuvieron presentes el vicepresidente de la comunidad y consejero de Industria, Arturo Aliaga, y Laura Martín, directora del Instituto de Transición Justa (ITJ), el organismo del ministerio encargado de gestionar y coordinar el esperado convenio.
"Esto representa una inmensa oportunidad para la comarca, para fijar población, diversificar su actividad económica y convertirse en un foco de atracción de jóvenes, nuevos emprendimiento e innovación", subrayó. La vicepresidenta, recién llegada de la Cumbre del Clima celebrada en Egipto, afirmó incluso que Andorra se ha convertido en "un modelo de referencia internacional" a la hora de abordar la transición justa.
El nudo mudéjar
La ministra reconoció el retraso en la puesta en marcha de este mecanismo, pero puntualizó que este "es un convenio de resultados y no de intenciones". Como prueba de ello, subrayó que el 30% de las propuestas contempladas en el plan ya están ejecutadas o en desarrollo gracias al impulso de 60 proyectos que recibirán ayudas por 34,5 millones y crearán más de 250 empleos, prácticamente la mitad de los afectados por el fin del carbón.
Dentro de las actuaciones del convenio, destaca el concurso de acceso a la red eléctrica del nudo Mudéjar, liberado tras el cierre de la central térmica de Andorra y cuyos 1.202 megavatios (MW) de potencia ha sido adjudicados recientemente a Endesa, a través de su filial de renovables Enel Green Power. Ribera recalcó el carácter "innovador" de este proceso de asignación de activos energéticos, el primero de estas características que se hace en España. "No será el último y será una tendencia que irá arraigando en el resto de países", apuntó.
La compañía eléctrica invertirá, según Ribera, más de 1.500 millones en la zona, donde generará de 650 empleos fijos a largo plazo (250 de forma directa y otros 400 en actividades asociadas) y 4.400 en la fase de construcción gracias amplió número de actuaciones. Además de nuevas plantas eólicas y fotovoltaicas, impulsará sistemas de almacenamiento, hidrógeno verde y comunidades energéticas e instalaciones de autoconsumo en varios municipios, así como numerosos proyectos en todos los sectores. En el primario contemplan inversiones en producción de biomasa, la recuperación de olivos, una almazara o una conservera; en el industrial, fábricas de torres eólicas, seguidores solares y electrolizadores; y en el terciario, la ampliación del Balneario de Ariño, una iniciativa de apiturismo y un centro de investigación y observación de la avifauna.
Ministra cumplidora
Por su parte, Lambán recordó la visita que Ribera hizo a la zona en enero de 2019, cuando los "ánimos estaban caldeados" y fue recibida en un ambiente de hostilidad, pero reconoció que la ministra ha sido "cumplidora de su palabra y Teruel cuenta con el primer convenio de transición justa de España", como comprometió en su día que ocurriría.
De los 204 millones de dinero público que se prevén ejecutar con este mecanismo, 92 provendrán de los fondos europeos y serán gestionados por el Gobierno de Aragón, que ha consignado con este fin 21 millones en sus presupuestos del año que viene y aportará otros 12,5 más de sus propios recursos. El Ejecutivo central aportará los 100 millones restantes, de los que 64 ya están adjudicados y comprometidos por el ITJ y 36 será añadidos por el ministerio. De este importe, las cuentas del Estado del 2023 contemplan ya una partida de 16 millones destinada al convenio de Andorra.
"Las cosas van bien encaminadas", enfatizó Lambán, que se mostró convencido que existen los "instrumentos y recursos para que buenas intenciones lleguen a buen puerto". No obstante, el presidente aragonés planteó tres cuestiones que cree son "urgentes". La primera de ellas, dijo, es aprovechar la creación un Centro Tecnológico de la Minería para sacar "todo el valor" de las arcillas que se extraen en Teruel y generar aquí "las rentas y beneficios" de su transformación que ahora se van a la Comunidad Valenciana.
También consideró esencial prestar servicios de asesoramiento a ayuntamientos y empresas para que las ayudas lleguen con agilidad. Y el tercer asunto que ve prioritario es resolver "por fin" el problema del suministro de agua en el Bajo Aragón, ya sea con la obras pendientes de elevación del Ebro o a través del embalse de Calanda. Este último objetivo es necesario, remarcó, para favorecer tanto el desarrollo industrial como los regadíos agrícolas. a fin de propiciar un «rebote» de la agroalimentación, un sector que calificó de clave para el futuro de la zona.
