Un acuerdo a medias

Esta resolución recoge que se va a reducir la carga lectiva de los docentes hasta las 23 horas en primaria y las 18 en secundaria, así como se irá liberando de actividad lectiva a los mayores de 55 años para que puedan dedicarse a tareas de coordinación de proyectos. Se trata, sin duda, de un acuerdo que redundará de forma positiva en la labor del profesorado y, por tanto, en la calidad de la educación que reciben nuestros alumnos. Y en palabras de una de las representantes sindicales firmantes del acuerdo «es un gran paso para la dignificación de la labor docente». Por su parte, el consejero Faci afirmó que con este acuerdo «se pone en valor el trabajo de los docentes durante la crisis sanitaria» y que esta medida permitirá dedicar más tiempo a la labor tutorial (cada día más compleja) y a programas y proyectos de innovación. Nada que objetar, mi enhorabuena más sincera.

Pero este acuerdo deja fuera a un colectivo de enseñantes no menos importante, como somos los profesores de la enseñanza concertada, también sostenida con fondos públicos: más de 5.000 profesionales en Aragón que atendemos a cerca de 55.000 alumnos con unas condiciones laborales bastante peores. En nuestro caso, ni 23, ni 18 horas lectivas: nuestra jornada semanal es de 25 horas de pizarra, a las que hay que añadir las correspondientes complementarias.

Desgraciadamente, estamos ya acostumbrados a ser los parientes pobres del sistema educativo. Se nos iguala con la enseñanza pública para lo malo (subidas salariales fijadas en los presupuestos, recortes y congelación cuando los ha habido), pero no para lo bueno como, por ejemplo, el acuerdo recién firmado. En términos comerciales, damos «más por menos» (trabajamos más horas y cobramos menos). Negocio redondo para patronales y para la Administración.

Alguien podrá argumentar que nuestras condiciones laborales se fijan en un convenio que tiene carácter nacional. Es cierto. Pero el propio convenio establece en la Disposición Adicional 8ª que se podrán negociar con las comunidades autónomas acuerdos en varias materias, como por ejemplo la jornada. Sin embargo, visto lo visto, no parecen estar por la labor a pesar de ser una medida largamente demandada por el sector (UGT reiteró la petición en Mesa Sectorial del pasado mes de septiembre). No es de recibo que el gobierno de Aragón permita esta discriminación entre profesionales que realizan la misma labor. Si, como afirma el consejero, la reducción en la pública va a suponer una mejora en la calidad de la enseñanza, se puede deducir que no hacerlo en la concertada supone que esa calidad va a ser menor (cosa en absoluto cierta), por lo que nadie entenderá que la sostengan con dinero público…

Mantener esas 25 horas lectivas semanales es en la actualidad insostenible. Nadie ignora que la enseñanza de hoy tiene poco que ver con la que se impartía en las aulas hace algunos años. Por un lado, el alumnado es cada vez más diverso y necesita, por tanto, una atención más individualizada. Por otro, la implantación de las nuevas tecnologías en la sociedad hace necesario también su traslado a los centros educativos con la consiguiente formación de los docentes.

La clase magistral es cada vez menos operativa

No podemos seguir enseñando en el siglo XXI como en el pasado; la clase magistral es cada vez menos operativa, pues los alumnos necesitan otro tipo de estímulos para despertar su interés por aprender. Y, no menos importante, la complejidad actual de las relaciones sociales y familiares hace que la labor tutorial y de orientación en los colegios sea cada vez más necesaria y requiera de mayor dedicación. Y para todo esto hace falta tiempo, mucho tiempo.

Por ello, es fundamental la reducción de la carga lectiva para poder afrontar todas estas tareas con mayor garantía de éxito. Si alguien piensa que el trabajo del docente se limita solo a las horas de presencia en el aula, se equivoca completamente. Además de ello, hay que contar el tiempo de preparación de clases (materiales, búsqueda de información complementaria…), corrección de trabajos y exámenes, preparar adaptaciones curriculares para atender a la diversidad, tutorías con alumnos y familias, cursos de reciclaje, etc.

En definitiva, espero que el Gobierno de Aragón rectifique y, si de verdad le preocupa la calidad de la enseñanza que se imparte en nuestra Comunidad, haga extensivo el acuerdo a todos los docentes independientemente de la red en la que impartamos nuestra labor. De la buena calidad de la educación hoy dependerá el futuro de nuestra Comunidad y de nuestro país. En estos momentos, en algún aula de algún centro (público, concertado o privado) está escolarizado el fututo presidente (o presidenta) de Aragón, por lo que no cabe escatimar recursos en su formación. El dinero destinado a la educación no puede verse nunca como un gasto, sino como una inversión. No olvidemos que todas las profesiones son importantes, pero algunas, imprescindibles.