Aragón es una de las cinco comunidades autónomas con superávit de plazas en residencias sobre la ratio del 5 por ciento de mayores de 65 años, con 4.499, y también de las que tienen mayor cobertura de plazas de financiación pública, el 3,60 por ciento por cada 100 mayores de 65 años.

Aragón contaba en 2021 con 19.144 plazas, 4.935 más que en 2016, y aunque han bajado en 106 entre los años 2019 y 2020, cuando tenía 19.250 y 19.150, respectivamente, es la tercera comunidad con más superávit sobre la ratio del 5 % de mayores de 65 años tras Castilla y León y Castilla-La Mancha.

También está entre las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública, el 3,60 por ciento por cada 100 mayores de 65 años, hasta el 55,1% de las 19.144 plazas, mientras que el 44,9 % (8.588 plazas) tienen financiación privada.

En el conjunto del país, pese a que en 2021 hubo un 2% más de plazas en residencias que un año antes (7.766 plazas más), el déficit sigue aumentando como consecuencia del incremento de personas mayores y serían necesarias al menos 35.000 para atender a grandes dependientes en lista de espera.

Según los últimos datos publicados por el Imserso, a cierre de 2021 había 397.443 plazas residenciales para personas mayores en España, de las que el 62,7 % son de financiación pública (en centros públicos y concertadas en privados).

Tras el estancamiento de 2020, en 2021 se registró un aumento del 2 %, insuficiente para cubrir las necesidades de los mayores ya que serían necesarias 76.350 para cumplir los criterios de la OMS de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años o al menos 35.000 para atender la demanda actual de personas en Dependencia Severa o Grandes Dependientes.

Son datos del análisis realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre la situación de las residencias de mayores a dos años de la pandemia de la covid-19, con una media de 4,2 plazas cada 100 mayores.

Las comunidades con mayor déficit son Andalucía y la Comunidad Valenciana, con 31.475 y 23.485 respectivamente. Mientras que en otras cinco autonomías sigue habiendo un exceso de plazas: Castilla y León, con 17.503, Castilla-La Mancha (7.102), Aragón (4.499), Extremadura (3.872) y Asturias (1.580).

"Las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración. Por ello, a pesar del incremento de plazas residenciales, su déficit sigue aumentando", explica José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. Si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5 %, en el último año este déficit alcanza las 76.350, alerta el informe.

Según las estadísticas del Sistema de Atención a la Dependencia, hay más de 140.862 personas en espera (80.862 ya valoradas con Grado II y III y más de 60.000 pendientes de valorar), de las que una de cada cuatro demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación económica vinculada a ese servicio. De ahí la estimación de que serían necesarias unas 35.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia, destaca Ramírez. El porcentaje de plazas de financiación pública ha ido aumentado ligeramente, pero se ha estancado en los tres últimos años, en 2,63 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.

Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. En el otro extremo, están Canarias y la Comunidad Valenciana, que no alcanzan un 1,5 %.

Madrid es la única región donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,53 %) que las de financiación pública (1,83 %) que muestran el crecimiento del sector residencial en 2021, aunque insuficiente para cubrir la demanda.

Aunque entre 2010 y 2021 el número de personas mayores de 65 años se ha incrementado en 1,7 millones de personas, el número de plazas residenciales sólo se ha incrementado en 28.638. La asociación demanda al Imserso que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual, ya que ahora se considera la población a partir de 65 años y la esperanza media de edad en España se sitúa en torno a los 85 años.