Crónica política: Las sombras sobre Canfranc y el ‘espejo’ en La Romareda

Canfranc y todo Aragón vive con emoción la reapertura de un edificio histórico como la estación internacional. El pasado viernes se reabría transformado en hotel de gran lujo, en manos de una empresa privada, Grupo Barceló, tras un sobrecoste de casi tres millones (por el alza de precios, según fuentes oficiales) y con un contrato de arrendamiento a 69 años en el que el primero es de carencia y se llegará a pagar, allá por el año 2092, más de 400.000 euros por su alquiler anual para recuperar la inversión pública global, en el inmueble y su entorno, de más de 30 millones.

La apertura del hotel suponía el final de un túnel, nunca mejor dicho, para un Bien de Interés Cultural que llevaba décadas abandonado a su suerte.

Pero ver iluminadas las dependencias no ha sido suficiente para evitar las importantes sombras, o "dudas jurídicas" como las llama el PP, de una ejecución que en 2017 se pensó como la única salida al olvido y que hoy evidencia que los dogmas de partidos como CHA o el propio PSOE, se pueden dejar a un lado si los grandes empresarios de la comunidad garantizan hacer realidad un sueño. ¿Es legal? Parece que sí, y en 7 años desde que se publicó el pliego nadie ha puesto un pero. ¿Es estético? Que lo decida la opinión pública.

Este es el juego de la política, muchas veces contradictorio cuando los retos de una legislatura (o varias) se topan con o el contexto. El estreno del hotel se ha topado, a cuatro meses de las elecciones y tras dos fechas de inauguración fallidas, con un choque de trenes entre partidos que más bien es una batalla más de la guerra entre modelos de gestionar lo público.

El PP, por un lado, defiende que la izquierda (o el PSOE de Javier Lambán y CHA de José Luis Soro) critica su modelo para construir la nueva Romareda en la capital cediendo a 75 años el inmueble municipal a una entidad privada, el Real Zaragoza, mientras saca pecho de la de Canfranc, que entrega durante 69 años un bien público a otra, Grupo Barceló, a cambio de un alquiler que consideran "irrisorio" por el volumen de negocio que puede alcanzar.

"¿Qué pasaría si el PP inaugurara un hotel de cinco estrellas como la izquierda?". El eslogan diseñado por Jorge Azcón lo dice todo: hotel de lujo en manos privadas y tras una inversión pública millonaria. "En Europa hay que buscar mucho para ver una administración que se haya gastado 32 millones de euros en un hotel de cinco estrellas. Un bien que es patrimonio de todos que van a disfrutar todos aquellos que puedan pagar un hotel de cinco estrellas", decía el líder del PP aragonés en su versión de alcalde de Zaragoza en el último pleno municipal, retorciendo los datos para dar énfasis a ese eslogan político. No se ha "construido" un hotel, ni ha costado solo el edificio 32 millones.

Entre la cesión y el alquiler

Al otro lado de la trinchera, el Gobierno de Aragón, con el propio Soro de primer espada, intenta desmontar ese espejo del PP que busca equiparar la operación Canfranc con el plan Romareda.

"En Canfranc invertimos dinero público y después alquilamos e iremos recuperando la inversión mientras en La Romareda a través de una concesión se plantea que una empresa haga la inversión y después gane todo el dinero que pueda para recuperar la inversión y tener un rendimiento", contestó el candidato de CHA a las elecciones, José Luis Soro, en su versión de titular de Vertebración del Territorio.

La principal diferencia en este espejo es que La Romareda no le va a costar ni un euro a los zaragozanos de inicio (permutas de suelo aparte), mientras la transformación de Canfranc y su entorno, de momento, ya les ha costado 32 millones a los aragoneses. La segunda, la duración, 69 años de alquiler en Canfranc, 75 de cesión del derecho de superficie del suelo donde está La Romareda y se levantará la nueva.

¿Similitudes? Una muy obvia: dos instituciones públicas dejan en manos privadas durante un periodo de tiempo muy largo la gestión de unos bienes que, hasta ahora, eran literalmente de todos. Un matiz es que la DGA se reserva el derecho a "desahuciar" a su inquilino, tal y como refleja el pliego, si este incumple lo firmado. El temor en La Romareda es cuál será el uso elegido de los terrenos que podrán comercializarse.

Los riesgos

Otra diferencia es que si al club de fútbol le va mal o cambia de manos, el riesgo económico corre por su cuenta. Si al hotel de Canfranc le va mal, o se renegocian las condiciones o se busca otro arrendatario. Si es que lo hay. Porque hay un aspecto importante a la hora de valorar cómo se hizo la operación de Canfranc más allá de si el inquilino se eligió a dedo, que así fue, porque lo seleccionó la contratista de las obras y así lo preveía el pliego, fuera del control del Ejecutivo aragonés salvo para ratificar a la empresa elegida.

Ese elemento fundamental es analizar con los ojos de 2023 lo que se planificó en 2017. Entonces no se sabía que llegaría una pandemia, cómo de fácil o difícil iba a poner Adif trabajar en suelos ferroviarios... Solo se sabía una cosa: había que rehabilitar la estación y hacerlo viable. Y esa fue la fórmula escogida: garantizar que una vez finalizadas las obras estas tendrían un uso «inmediato». Era una de las prioridades del Ejecutivo y así lo reflejó en el contrato.

El entramado de empresas

Ahora bien, tampoco la DGA se puede escandalizar, como está pasando, por constatar el resultado de su obra. El edificio ya tiene las luces encendidas y clientes en el hotel de lujo en su interior. Éxito. Pero el negocio ha acabado en manos de un entramado de empresas que, bajo el paraguas de la sociedad limitada Estación Canfranc 2018 creada para este efecto, lideran los mismos nombres que CHA y a veces el PSOE han evitado tener cerca.

Está por ver si Soro o Lambán acuden a cortar alguna cinta junto al empresario Juan Forcén, dueño de Business Plaza 14 y que aportó el 49% del capital de esa entidad, y Monasterio de Boltaña S.L., que puso el otro 51% y que es la denominación tras la que está la explotación del hotel de Barceló en Canfranc. O de Álvaro Soláns, hijo del empresario aragonés Alfonso Soláns, que preside el Grupo Pikolín, y que bajo su empresa Ebrosol Inversiones Sociedad de Responsabilidad Limitada, entró en 2018 en el accionariado de Estación Canfranc 2018.

Tampoco es baladí que estos empresarios, Forcén y Soláns, formen parte (no son los únicos) del accionariado de la estación de esquí privada de Candanchú, situada en el mismo valle que el hotel y que en 2021 salvó con ayudas públicas una "delicada" situación económica que le abocaba al cierre.

El Ejecutivo aragonés anunció una línea de financiación de dos millones para ella, la misma cuantía a la que ascendía su déficit. Pero son proyectos distintos y unos pueden ir mal y otros bien. Parece que se puede pedir ayuda para salvar la quiebra de uno y, año y medio después, inaugurar el hotel de lujo.

El consejero Soro ensalzó la trayectoria "aragonesa" de la empresa encargada del hotel. Ebrosol y Barceló ya sacaron a flote el hotel Monasterio de Boltaña y su directora entonces, María Bellosta, dirigirá ahora el de Canfranc. El sueño está cumplido y aunque el éxito se fía a estos nuevos compañeros de viaje, si hay que mirar para otro lado de cara a las próximas elecciones, se mira. Las fotos hoy son las de la emoción, indudable y para todo Aragón, pero esa sombra genera dudas también a nivel interno.

Por ejemplo cuando se anuncie que la unión de Candanchú y Formigal, pretendida por esos mismos compañeros de viaje, se hace por Canal Roya. Pese a los reparos de CHA, lo que decide el Consejo de Gobierno les representa a todos. También se puede cortar la cinta en Canfranc y ponerse detrás de la pancarta en Canal Roya. La política es pura contradicción.

La casualidad ha querido que la apertura del hotel coincida en el tiempo con un casi pinchazo de otro proyecto estrella, el de los cacahuetes de la Expo, que la DGA preveía sacar adelante por la fórmula de la concesión, pero que no interesó a ninguna empresa privada en los trámites de información previa. La DGA decide ahora que lo ejecutará a pulmón, invirtiendo 76 millones, la mitad de lo que dicen que costará la nueva Romareda.

Esto es, precisamente, lo que se quiso evitar en 2017 con Canfranc: que después de ejecutar esas obras por 32 millones nadie quisiera gestionar el hotel.

A cuatro meses de la cita con las urnas, se puede jugar al pelotazo en campo propio y al contraataque en el contrario, pero en el marcador siempre ganan los mismos en Aragón. 

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