Teruel Existe pide a Olona que dimita por hacer del Inaga "un coladero"

Teruel Existe ha solicitado las dimisiones del consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Joaquín Olona, y del director del Instituto de Gestión Ambiental (Inaga), Jesús Lobera, por convertir este organismo de evaluación medioambiental en un «coladero» de proyectos de instalación de parques eólicos y solares en zonas protegidas para la protección de aves (ZEPA), Lugares de Interés Comunitario (LIC) o en puntos de la Red Natural 2000. Fuentes del Ejecutivo aragonés declinaron pronunciarse sobre la petición de dimisiones y defendieron la labor que realiza el Inaga, «un órgano que cumple una función estrictamente administrativa», han señalado.

«Aragón se ha convertido en el mayor coladero para los proyectos de renovables», ha asegurado Mariano Tomás, miembro del Grupo de Energía y Medio Ambiente de Teruel Existe, que responsabilizó al organismo medioambiental de permitir que los proyectos de generación de más de 50 megavatios se fragmenten a fin de evitar su evaluación por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que acumula un índice de un 65% de declaraciones desfavorables frente a poco más del 6% de los proyectos que son rechazados en Aragón.

Tomás, quien ha comparecido junto a una integrante de la Ejecutiva de Teruel Existe, Ainhoa Gascón, denunció que el Inaga permite a los promotores presentar nueva documentación medioambiental tras someter sus proyectos a información pública, y se ha mostrado convencido de que «más de un 90%» de los proyectos debían haber sido rechazados «por infringir la legislación medioambiental en el fondo, por las ubicaciones de los parques; o en la forma, por introducir documentación que no pasa por los trámites de información pública».

Tomás ha denunciado, en este sentido, que este organismo permite a los promotores llevar a cabo «modificaciones sustanciales» en los proyectos una vez obtenida una declaración de impacto positiva, como cambiar las ubicaciones y la potencia de los aerogeneradores instalar.

Y ha resaltado, asimismo, que «mucho personal» del Inaga ha pasado a formar parte del equipo de las empresas promotoras de las renovables, «y ellos saben lo que hay que hacer» para dar salida a los proyectos, añadió.

Esta situación, ha comentado, «solo» se produce en Aragón, donde se concentran una gran cantidad de los parques de producción de energías renovables, frente a otras comunidades como Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana o el País Vasco, con muchas menos instalaciones a pesar de tener una mayor densidad de población.

Tratamiento con "rigor"

En su intervención, Ainhoa Gascón ha denunciado que estos proyectos de energías renovables «impiden el desarrollo de otros sectores económicos en Aragón para llevar energía a otras comunidades autónomas» y «echan por tierra los esfuerzos para desarrollar el turismo sostenible en estas zonas», ha apostillado Tomás. «Una vez ocupados los lugares adecuados, todo lo que se ha puesto en los últimos dos años y lo que vendrá se pone en espacios no idóneos o, directamente, protegidos», ha denunciadoTomás.

Desde el Ejecutivo aragonés aseguraron que «no cabe poner en duda el trabajo del Inaga, un órgano que cumple una función estrictamente administrativa», y no política. «Todos los proyectos que entran al Inaga son tratados con el mismo rigor y están sometidos a un procedimiento administrativo que cuenta con todas las garantías medioambientales», han defendido fuentes del departamento de Agricultura de la DGA.