Un extrabajador del Inaga alerta de la aprobación de expedientes de renovables "sin informe"

Uno de los extrabajadores del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), cesados por el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, a finales del pasado mes de abril, asegura que el organismo ambiental ha aprobado expedientes para proyectos vinculados con el desarrollo de las energías renovables que "no están amparados por informes técnicos de funcionarios de la casa".

Habla, desde el anonimato que prefiere mantener, de "propuestas de resolución que se presentaban de un día para otro, pero sin informe técnico de ningún funcionario especialista en energías renovables".

Una práctica que, según denuncia, se viene desarrollando desde el verano de 2022, coincidiendo con los últimos meses habilitados para la aprobación de expedientes antes del 25 de enero de 2023.

Esta es la fecha fijada por el Ministerio para la Transición Ecológica como límite para recibir las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los proyectos de energías renovables en virtud del real decreto 23/20. En él se establecían los plazos temporales para que los proyectos de generación de electricidad cumplan determinados hitos de la tramitación desde que reciben los derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas, con el riesgo de perder dichos derechos.

Lo que el Partido Popular en las Cortes de Aragón calificó como «purga» de funcionarios el pasado martes, los afectados no lo califican como tal. Pero en uno de los casos reconoce que ha sido cesado y trasladado a otros servicios del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente y muestra su oposición a la tramitación de los expedientes vinculados a las energías renovables en Aragón.

En uno de los casos, el cese sería posterior a que el empleado en cuestión se negara a culminar un expediente "en 24 horas", "que es lo que pedía el director del Inaga".

"Se me pidió culminar un expediente para el día siguiente, antes del 25 de enero. Yo dije que era imposible hacerlo. El director del Inaga me decía que era imprescindible. Entonces, me retiraron el expediente y lo acabaron resolviendo en la subsección de Energías Renovables del Inaga, con una propuesta de resolución favorable al día siguiente. Tenían prisa y lo hicieron", afirma.

Con todo, esta misma fuente asegura que "no le consta" que se haya pedido a funcionarios firmar informes sobre proyectos a sabiendas de que eran incorrectos. Pero añadió que la subsección encargada de las renovables se quedó sin personal funcionario específico el pasado verano: "Malamente puede haber funcionarios firmando nada porque no los hay en el servicio", concluyó. Los expedientes llegan, según afirman, con la firma del secretario o del director del Inaga, directamente. Sin informe previo.

"Lo que hay que hacer, lo dice la Constitución, es proteger el medio ambiente"

La lectura que hacen los trabajadores cesados del Inaga es que "a ningún político del país le interesa el medio ambiente". "Pero lo que hay que hacer, que así lo dice la Constitución Española, es proteger el medio ambiente", añade. "A ellos lo único que les interesa es sacar los expedientes deprisa, deprisa, deprisa, sin mirar si hay impacto medioambiental o no" , concluye.

Desde el Inaga insistieron en que "no se ha producido ninguna purga de funcionarios", ya que los ceses del pasado mes de abril "no son del área de renovables". Lo que se ha producido en el órgano de gestión ambiental, volvieron a decir, es una "reorganización necesaria para la diligencia del organismo medioambiental". Los puestos, recordaron, se cubrirán con funcionarios de carrera tras una comisión de servicios.