Las medidas educativas del pacto PP-Vox en Aragón preocupan a padres y sindicatos

Preocupación, falta de concreción y de apoyo a la escuela pública. Estas son las palabras más repetidas por la comunidad educativa ante las medidas firmadas por el equipo de PP y Vox para favorecer la investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón. Entre ellas, la libre elección de centro escolar, el cheque escolar para asegurar la igualdad de oportunidades, favorecer la concertación del Bachillerato, la elección de los padres o la autorización del contenido de las actividades extracurriculares, referido, aún sin nombrarlo al pin parental; y reforzar la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza «sacando la ideología de las aulas».

Desde Fapar se muestran «preocupados» por las líneas marcadas porque «lejos de impulsar la escuela pública plantean su apoyo a la red concertada» y en ningún caso aparece «ninguna línea de respaldo a las infraestructuras públicas», señala Nieves Burón. La Federación de asociaciones de la escuela pública reconoce que el modelo educativo que defiende «coincide muy poco» con el acuerdo y explica que «todo lo que se aborda en horario lectivo es curricular y por tanto cuando hablan de extracurricular no tiene cabida introducir la elección de las familias porque ya la hacen», por eso califican el debate de «tramposo».

Además, hacen hincapié en su rechazo al denominado cheque escolar porque «esconde tras él el respaldo a la educación privada en vez de invertir en la pública». Y lamentan que «se plantee la competencia entre centros, que traslada a estos la responsabilidad de garantizar una educación de calidad que debe ser competencia de la administración».

Ahí insisten también las asociaciones de directores de Infantil y Primaria y de Secundaria, aunque destacan que «habrá que esperar a la concreción de las políticas educativas» ya que las medidas que forman parte del acuerdo son generales. Ricardo Civera, presidente de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria señala que «garantizar la libertad no puede comprometer la calidad y la equidad» por lo que consideran que las políticas educativas deben guiarse por criterios «educativos y no llevar a la segregación». Además, señalan que no se deben «obstaculizar los proyectos educativos pero sí respetar la programación de los distintos centros»; una idea que también señala Pilar García, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Secundaria, que insiste en la «integración» y no en la creación de guetos. Para ella, la educación «es algo más que impartir contenidos, ya que lo que hacemos es velar por la integridad de los menores cumpliendo la norma sobre derechos humanos», algo que «no es adoctrinar sino formar adultos responsables y con sentido crítico».

La libre elección de centro educativo supone, según CGT, la zona de escolarización única

En cuanto a los sindicatos, CSIF también insiste en que "no favorece la calidad y la equidad de la enseñanza» y consideran que dejar en manos de las familias en vez de los profesionales la programación «es dar un cariz político» a la educación. Mientras, CGT critica que el hablar de libertad de elección de centros supone la implantación de la «zona de escolarización única, que implica cargarse el sistema actual, ya que habrá centros que se quedarán vacíos y otros se saturarán», señala, antes de afirmar que esta medida es «una barbaridad», que ya intentó el Gobierno de PP-PAR cuando Dolores Serrat era consejera «y no lo hicieron». También critican la implantación del pin parental porque «los padres no tienen que marcar las actividades» de los centros.

UGT califica de «muy delicadas» las cuestiones que aborda el pacto, ya que enfrenta «a las comunidades educativas con los padres y madres». Y en la idea de disputa incide CCOO ya que critica al PP por formar gobierno «con un partido que en temas educativos fomenta el ocio entre la ciudadanía». STEA afrima que «quieren llevar la educación al blanco y negro del NO-DO» ya que el acuerdo de investidura «recoge el 100% del programa de VOX, que va más allá del tradicional apoyo del PP a la concertada».

En cuanto a la reducción de interinidad, todos señalan que ya se está trabajando en ello y apuestan por «sacar una oferta de empleo público suficiente» . Ahí, CGT señala que es «la típica quimera porque con el PP se suspendieron oposiciones» y STEA asevera que «es pura palabrería, basta con observar lo que han hecho en Castilla y León».