Debate abierto en Aragón: Prohibir el móvil en las aulas o educar en su buen uso

El debate está encima de la mesa. Móviles en la escuela, ¿sí o no? La respuesta no es nada fácil porque las tecnologías rodean cada momento de nuestra vida, pero sí que es necesaria una regulación y, sobre todo incidir en su buen uso. El móvil puede ser una buena herramienta y la prohibición no siempre tiene buenos resultados. Además, esa educación no solo puede depender de los centros educativos, ya que las familias también tienen mucho que decir y ser modelo. La adicción es un grave problema pero no solo de los educadores ni de las familias, sino de toda la sociedad.

En estos momentos tres comunidades autónomas vetan el uso del móvil en las aulas. Castilla-La Mancha lo hizo ya hace casi una década; y luego se sumaron Galicia y Madrid. En el resto es el centro quien lo regula y en la mayoría se permite en clase con un fin didáctico y durante el recreo unos lo limitan y otros lo prohíben. En Aragón no existe una normativa, aseguran fuentes del Departamento de Educación, y su uso o su prohibición depende del Reglamento de Régimen Interno de cada centro, que es elaborado por el equipo directivo y aprobado por el consejo escolar. Tampoco la hay para los relojes o pulseras inteligentes.

Directores, docentes y familias son conscientes de los problemas derivados de la adicción a las pantallas y de que debe ser un trabajo conjunto para atajarlo. Los centros lo tienen regulado y, salvo excepciones, se utiliza para actividades docentes bajo supervisión del profesor. Este tema ya se debatió hace unos años en la comunidad por si podía suponer una «discriminación» en el caso de familias que no dejaran a su hijo llevar el móvil a clase o no pudieran tenerlo; de ahí que se aportara como solución que «si es necesario como herramienta, se facilite», asegura Nieves Burón, secretaria técnica de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), aunque también reconoce que si un profesor lo utiliza es porque todos lo llevan.

La educación no se produce solo en clase y las familias deben ser también un ejemplo

Desde Fapar no son partidarios de la prohibición en la escuela porque «significa renunciar a educarlos en el buen uso» aunque esto no sea exclusivo del centro sino que tienen que estar implicadas «las familias», afirma Burón. Recuerda que hace unos días, un informe de la Asociación Española de Pediatría sí que lo pedía sobre todo por «facilitar la desconexión digital, no por su uso sino para evitar adicciones», explica.

Tiene claro que los móviles no van a desaparecer y si se prohíbe el uso durante seis horas «¿se resuelve el problema de fondo?», se pregunta. Ella asegura que «la responsabilidad recae en las familias y también somos adictos», dice generalizando, y ese es el verdadero problema. Las familias necesitan «formación e información para ayudar» porque el problema de fondo es la adicción a las pantallas pero también existe «el mal uso» por lo que debe haber filtros pero «no prohibiciones». Su uso puede ser «extraordinariamente positivo como herramienta educativa pero acompañado de una racionalidad que ahora no tenemos», concluye.

Cada centro tiene libertad para regular el uso a través de un reglamento interno

También es de la misma opinión Elena Gómez, de la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fecaparagon), quien apuesta por un «uso adecuado», ya que en los centros «no se utiliza como juego y en todo caso como búsqueda de información». Considera que es importante que «se les enseñe» a un buen uso, y considera que el debate «será largo».

Una norma interna

En cuanto a colegios e institutos, en Primaria «no se da salvo en el tercer ciclo», aunque en los centros está regulado por un Reglamento de Régimen Interno para «un uso educativo bajo la supervisión del docente», reconoce, aunque en ocasiones sí para la utilización de determinadas aplicaciones, dice la presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria en Aragón (Adiaragón). Es decir, «no puedes prohibir que lo traigan pero sí controlar su uso» y ahí entra el régimen interno, que aprueba cada centro y por lo tanto «hay que cumplirlo», como cualquier norma, señala. Pone como ejemplo el respeto al turno de la palabra, que se debe «respetar y si no, se sanciona, pero eso no significa que esté prohibido hablar». En su centro «no está permitido el uso sin autorización del docente y si lo hacen se sanciona; fuera de clase tampoco pero la sanción es diferente», explica.

Añade García que además existe una carta de derechos y deberes de la comunidad educativa de Aragón donde «se recogen conductas contrarias y gravemente perjudiciales que se pueden cometer mediante medios virtuales» como pueden ser el ciberacoso o imágenes con ciertos contenidos no apropiados.

La presidenta de Adiaragón insiste que e están preocupados por el «mal uso» y porque son menores pero utilizan redes sociales y «muchos conflictos proceden de ahí» y de la falta de respaldo de las familias.