Alcañiz reclama de forma unánime más guardias civiles

El Ayuntamiento de Alcañiz aprobó una declaración institucional en la que solicita el refuerzo de medios técnicos y humanos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «ante la pérdida de efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Teruel». Dice el texto aprobado en el pleno que, según el Ministerio del Interior, se ha producido un aumento en la oferta de empleo público que supone una tasa de reposición del 130%, pero desde el consistorio advertieron ayer que «la realidad es que la provincia de Teruel y otras de la España rural pierden efectivos». Fuentes municipales recordaron que «tras el último concurso de traslados, la provincia de Teruel perdía casi 100 agentes».

La declaración señala que el propio ministerio reconoce la dificultad para conseguir el arraigo de los guardias civiles en algunos lugares e indican que la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha denunciado que en Aragón, de los 3.200 agentes que debería haber, sólo hay 1.971, y «en la provincia de Teruel estas cifras son cuantitativamente peores».

El pleno municipal consensuó que «se impone por tanto tomar decisiones valientes y eficaces para que no queden plazas sin ocupar en los cuarteles», entre otras, poner en marcha medidas para atraer y fijar agentes con incentivos para quienes están destinados en el medio rural que permitan la conciliación y el desarrollo pleno de la vida familiar en los pueblos.

Por lo tanto, continúa la declaración institucional, deben implementarse aquellas medidas que sean suficientes para que «los agentes que viven en el medio rural lo sientan como un destino atractivo y en el que se encuentren integrados como un habitante más, como sucedía en el pasado, y no como un simple funcionario de paso».

Así, el pleno del ayuntamiento solicitó al Ministerio del Interior que dé seguimiento al Plan de Seguridad Rural de la Guardia Civil presentado el 8 de julio de 2022 por su entonces directora, María Gámez, y que se replantee su política de personal para que no solo se oferten las plazas vacantes en los cuarteles de la Guardia Civil de los pueblos, sino que se cubran plenamente.

Asimismo, se solicitó que se adopten las medidas necesarias (económicas y materiales) para hacer atractivas las plazas en los cuarteles de los pueblos y pequeñas ciudades de la España rural y que la tasa de ocupación de las plazas de guardia civiles en el medio rural esté por encima del 85%».

El texto, aprobado unánimemente por todas las fuerzas políticas, recuerda un reciente informe del Justicia de Aragón en el que analiza la situación de la seguridad en el medio rural aragonés, texto que advierte de que cualquier aumento de los hechos delictivos en las zonas rurales tiene un efecto desmotivador para aquellas personas que se puedan plantear su traslado a los entornos rurales, «ya que en estos territorios existe mayor comunicación entre los vecinos lo que provoca que, un hecho delictivo cometido en un municipio es conocido por toda la población, aumentando la sensación de inseguridad».