El TSJA declara ilegal Torre Outlet

Siete largos años llevaba en manos de la Justicia la tramitación administrativa del Ayuntamiento de Zaragoza que permitió en su día dar luz verde a la reconversión de las instalaciones de Pikolín en la carretera de Logroño en un macrooutlet comercial y de servicios. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) daba este miércoles un revés casi definitivo al proyecto que lleva abierto al público desde 2020 dejando en el aire su futuro.

El último fallo, hecho público por la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, convertía en un pronunciamiento firme la declaración de nulidad de pleno derecho del acuerdo político alcanzado en el salón de plenos municipal el 24 de octubre de 2016 que concedía la aprobación definitiva del Plan Especial del Área de Intervención H-61-5, la que promovía Iberebro, empresa inmobiliaria del grupo que presidía Alfonso Soláns.

No es la primera vez que se pronuncian los tribunales al respecto en una causa que emprendieron en su día varios colectivos de la ciudad, de hecho es la respuesta al recurso de casación interpuesto por el propio Ayuntamiento de Zaragoza a la primera sentencia emitida en 2019 contra este mismo acuerdo plenario. Y se da la circunstancia de que es el único que seguía vivo tras aquel primer revés, ya que Iberebro también decidió llevar este asunto ante el Tribunal Supremo. Posteriormente, retiró su recurso cuando el consistorio le concedió la licencia de obras y pudo comenzar su construcción. Una decisión que nunca se explicó por parte de la firma y que ahora puede jugar en su contra, ya que convierte este último pronunciamiento del TSJA en una sentencia firme. Y que le llega justo un año después de que se conociera la intención del grupo Pikolín de poner en venta el centro comercial por unos 130 millones de euros y buscar otro inversor privado que apostara por quedarse con el negocio.

Este miércoles fue imposible contactar con los responsables de La Torre Outlet que han estado detrás de esta tramitación desde el principio. Y por parte del ayuntamiento ahora estudian con los servicios jurídicos este nuevo fallo judicial. Creen, en todo caso, que la situación legal del centro comercial «en principio estaba ya superada con la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que convertía esta zona H (áreas de edificación destinadas a usos productivos pendientes de gestión) en una zona de tipo F (áreas de nueva ordenación de ámbitos vacantes pendientes de planeamiento)», matizaron.

Aunque habrá que esperar a ver cómo se resuelve esta especie de limbo legal con un plan especial que, en su día, consiguieron sacar adelante el PP, el PSOE y Ciudadanos (Cs) estando en la oposición y a pesar de la férrea resistencia de Zaragoza en Común (ZeC), y que hoy la Justicia concluye que es nulo de pleno derecho. Teniendo en cuenta además que esa modificación del PGOU a la que alude el consistorio ahora se aprobó con posterioridad, en 2019 y ya con el PP y Ciudadanos en el Gobierno de Zaragoza, regularizando esta especie de modificación a la carta que en 2016 se hizo por la vía del plan especial para Iberebro. Y que también esta modificación está judicializada y pendiente de sentencia en el TSJA.

No obstante, los argumentos jurídicos que aporta ahora el TSJA son tan contundentes como los aportados en 2019, pero ahora los remarca y les da firmeza. No está claro que haya posibilidad de recurso en otra instancia superior. Y en esos criterios recuerda la explicación de que el plan especial de reforma interior aprobado para Iberebro «puede efectuar modificaciones en la ordenación del Plan General pero sin alterar las limitaciones de uso». Este es un puntal clave en todo este litigio iniciado en 2016 por las entidades que siempre defendieron que era ilegal lo que se estaba aprobando en Zaragoza. Eran IU Aragón, la asociación Yo Compro en Las Fuentes, la Federación de Empresarios de Comercios y Servicios de la provincia de Huesca, la de Movilidad y Consumo de UGT, la asociación San José Barrio Comercial de Zaragoza, la vecinal de Saracosta, la Federación de Servicios de CCOO, Podemos, Ganemos zaragoza y Ecologistas en Acción.

Venta minorista

El motivo principal por el que se declara ilegal es que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sí contemplaba la reconversión del eje industrial de la carretera de Logroño, pero siempre que los usos dominantes que se instalaran en esos suelos fueran de carácter industrial o comercial estrictamente vinculados a la venta de productos de este sector. Y no convertir en dominante la venta minorista de otros productos como el textil o de servicios de restauración y ocio que es, precisamente, lo que la Justicia opina que se ha dado.

No cuestiona el proyecto, sino la herramienta urbanística empleada. Se debía haber recurrido a una modificación del PGOU, no a un plan especial que lo enmendaba por la vía rápida que «altera las limitaciones de uso establecidas previamente en el Plan General, introduciendo nuevos usos en la ordenación específica del sector, no previstos en el Plan, y convirtiendo en dominante lo que está previsto en el plan solo como admisible».

Añade que la nulidad se justifica con la «vulneración de jerarquía normativa, por infracción de un instrumento de rango inferior» al PGOU. Tanto el consistorio como Iberebro aseguraron en sus recursos que en realidad el uso dominante seguía siendo el industrial.

Por último, Zaragoza tiene sobre la mesa un caso similar al vivido con el centro comercial de Utrillas, que tras un litigio de varios años, los jueces dieron la razón a quienes defendían que la tramitación fue ilegal. Un fallo de difícil ejecución que llegó con el negocio ya funcionando. Y ahí sigue, como parece que hará La Torre Outlet.