Más de 100 docentes han sufrido agresiones físicas o verbales este curso en Aragón

Las cifras son «demoledoras» pero duele más lo que hay detrás. Al menos un centenar de profesores han sufrido agresiones físicas o verbales por parte de los alumnos y sus familias desde que comenzó el curso, del que solo se llevan dos meses. Así se desprende de dos encuestas llevadas a cabo por el sindicato CSIF, que han presentado esta mañana y donde dejan claras varias conclusiones. «No tienen fuerza (por la edad) pero hacen daño», reconocen frente a esos ataques que «crecen en número» al mismo tiempo que se reduce la edad del agresor; y lo que más les preocupa es que actualmente, «la administración no protege a los docentes», aseguró Mónica de Cristóbal, responsable de Educación del sindicato. Por eso piden un protocolo oficial y claro para sentirse apoyados porque «somos los únicos funcionarios públicos que estamos a diario con nuestro agresor».

En el 81% de los ataques son verbales y el 19% físicos, en su mayoría, patadas, empujones, arañazos y mordiscos, aunque también los ha habido en los que se han utilizado tijeras; el 73% son de alumnos a docentes y el 27% de familiares, según las respuestas recibidas en la encuesta Bienestar psicosocial de los docentes. Este doble trabajo es solo la punta del iceberg porque, según aseguraron, cada día llegan al sindicato nuevas agresiones.

A la primera encuesta contestaron 95 equipos directivos, la mayoría de la capital aragonesa. En 54 (57%) no existían problemas de convivencia; pero en un 20% (19) había habido agresiones o faltas por parte de estudiantes y en un 9,5% (9), por parte de familiares; en casi un 15% (14) agresiones frecuentes entre alumnos y en un 21% otro tipo de ataques. 

Ante esta situación, desde CSIF se lanzó otra batería de preguntas a docentes afiliados al sindicato y contestaron 131, que confirman y aumentan la tendencia. De sus respuestas se detecta que casi el 50% de esos docentes han notado intromisiones de las familias en la labor educativa; 13 (10%) agresiones físicas a docentes por parte de los estudiantes, 1 por parte de familias; 19 (14,5) agresiones verbales o amenazas por parte de las familias y 41 (31,3%) por parte de los chavales. También han detectado 13 (9,9%) conflictos graves entre docentes, 94 (casi el 72%) dijeron sí a una excesiva carga de trabajo educativo; y 123 (casi el 94%), de trabajo burocrático

Mónica de Cristóbal señaló que «muy pocas agresiones se denuncian». El año pasado hubo «8 valientes» que terminaron el proceso ante prevención de riesgos laborales. Y este curso , desde el sindicato tienen constancia de que en cuatro centros de la capital aragonesa ha intervenido la policía. Preocupa sobre todo que en 47 de los casos se ha dado en centros de Educación Infantil y Primaria, con lo cual son niños de cómo máximo 13 años. «Se normalizan estas conductas y no reciben amonestación», incidió la responsable de Educación del sindicato, que estuvo acompañada en la presentación por Sandra Lipe, responsable de Educación de CSIF Zaragoza; Víctor Gumiel, responsable de la campaña Stop agresiones.

En estas agresiones, que los docentes diferencian entre puntuales por una rabieta o continuadas, se incluyen también las de alumnos con necesidades especiales o conductas disruptivas. La falta de profesionales de apoyo también dificulta la tarea porque «es imposible atenderlos y se crea mal ambiente». Todo ello «mina la vocación del docente».

Es por eso que el sindicato lanza la campaña Stop agresiones y reclama un protocolo claro frente al actual, que es «obsoleto, de carácter orientativo, farragoso y complicado» y, además «no es público». 

Esas pautas de actuación deben incluir que el equipo directivo se implique en la situación para que la víctima se sienta protegida jurídicamente; y además debe recopilar toda la información de lo ocurrida y hacérselo saber tanto a Inspección como a la familia, a orientación y denunciarlo a fiscalía si se trata de un asunto grave.

Todos los incidentes deben quedar registrados para que así la foto fija sea real de hasta donde llega el problema. Hay que tener en cuenta que los menores de 14 años son inimputables. En el caso de los estudiantes, ante faltas leves (faltas de respeto o insultos) se plantearán medidas pedagógicas, pero ante las graves (amenazas, coacciones, chantaje o agresiones físicas), pedagógicas y judiciales. En el caso de que sean adultos, las leves incluirán una mediación, mientras que las graves, judiciales. 

Para dar a conocer la situación y qué se puede hacer ante los daños «físicos y psíquicos», porque en ningún momento «dejamos de ser docentes y queremos ayudar al alumno», organizan una charla, el próximo 15 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Facultad de Económicas, donde diversos especialistas y miembros de la unidad de menores de la policía, hablarán sobre cómo actuar cuando uno sufre o ve una agresión en un centro educativo, «el lugar de trabajo» del docente.