La DGA recibirá 20 millones más del Gobierno y no podrá elevar el déficit

Prometía ser un encuentro jugoso, pero la primera reunión del Consejo de Política Social y Financiera en el que los consejeros de Hacienda autonómicos se citaban con la ministra María Jesús Montero resultó más bien descafeinado porque aparcó la financiación autonómica y la condonación de la deuda.

Aún así, el Gobierno central mejoró las "prudentes" previsiones de entregas a cuenta al Gobierno de Aragón (recibirá 20 millones más de lo pensado hasta alcanzar los 5.163) pero desoyó las peticiones de elevar el déficit. En el plano político, el Ejecutivo que preside Jorge Azcón se unió a las otras 10 autonomías gobernadas por el PP y a la Castilla-LaMancha de Page (PSOE) para exigir que cese "la negociación bilateral" con Cataluña "en asuntos que afectan a todos los españoles".

Así lo defendió una "decepcionada" Mar Vaquero, la vicepresidenta económica del Gobierno de Aragón que este lunes sustituía en Madrid al responsable de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, de baja médica. "Hemos perdido en el objetivo de aumentar el déficit de las comunidades autónomas, hemos recibido la información de las entregas a cuenta cuando ya teníamos confeccionados los presupuestos y Sánchez, que tiene un modelo claro para Cataluña, no lo tiene para el resto de autonomías", criticó Vaquero, que incidió en que la reforma de la financiación autonómica "es una reivindicación común" para renovar un sistema agotado. "Hemos vuelto a oír un compromiso de la ministra para reformar el modelo, pero eso es algo que ya hizo en 2018", dijo Vaquero.

Contra el trato "singular" a Cataluña

Criticó la vicepresidenta aragonesa que "aquellos temas que son importantes para todos no se pueden tratar en acuerdos políticos bilaterales con tan sólo algunas comunidades autónomas" y esa fue la tónica general de los responsables de Hacienda que acudieron a la cita –todos excepto la consejera catalana–. Las 11 comunidades del PP asistieron a la reunión convocada por el Ministerio de Hacienda elevando la voz de forma unánime por el trato "singular" a Cataluña y denunciando que el Gobierno mantenga con esta comunidad una negociación bilateral.

Los consejeros de Hacienda, con mayoría absolutísima de los populares (todos excepto Asturias y Castilla-La Mancha), dejaron claro a la entrada que pondrían sobre la mesa el pacto político que supone la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda a Cataluña. La ausencia de la consejera catalana de Hacienda, Natàlia Mas Guix (ERC), que exhibe así que no están dispuestos a debatir en un foro multilateral, dio munición a los consejeros del PP, que aseguraron salir de la reunión "decepcionados" y "preocupados".

Incluso desde el Gobierno del socialista Emiliano García-Page advirtieron de que usarán "todas las herramientas jurídicas" a su alcance para evitar que esa relación bilateral se produzca. "Estamos totalmente en contra", advirtió el titular socialista de Hacienda manchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, que matizó sus palabras tras oír a la ministra, asegurando que había disipado "sus dudas".

Montero advierte de que obligará al déficit cero si el PP veta su propuesta en el Senado

De hecho, la ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta del Gobierno, María Jesús Montero, negó la mayor y sostuvo durante el encuentro, que se alargó durante cuatro horas, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no está negociando" la financiación autonómica de manera bilateral con Cataluña. Es el mensaje que ha trasladado hoy pese al acuerdo firmado entre PSOE y ERC y Junts, y en contra de la versión de los partidos políticos catalanes. También avisó al PP y aseguró que obligará al déficit cero si vetan la propuesta en el Senado, donde tienen mayoría.

Por su ausencia brillaron la condonación de la deuda a las autonomías, un debate que Montero ha aplazado al próximo mes de enero, y la reforma del sistema de financiación autonómica, un asunto sobre el que tendió la mano al PP para llegar un acuerdo. Es este último un asunto que no entiende necesariamente de colores políticos.

En el último amago de reforma, allá por noviembre de 2021 pese a que está pendiente de revisión desde 2014, los entonces presidentes de Galicia (PP), Aragón (PSOE), Asturias (PSOE), Cantabria (PRC), La Rioja (PSOE), Castilla y León (PP), Castilla- La Mancha (PSOE) y Extremadura (PSOE) hicieron frente común en lo que se conoció como el Foro de Santiago para exigir un reparto que atendiera a la dispersión poblacional.