El Gobierno de Aragón solo ha adquirido 8 de las 195 casas que buscaba comprar a particulares

Ha pasado un año desde que el Gobierno de Aragón, entonces dirigido por el cuatripartito, presupuestase 21,3 millones de euros provenientes de uno de los programas estatales del plan de Vivienda para adquirir residencias a particulares para incrementar el parque público de alojamientos. Se proyectó la compra de 195 viviendas en una comunidad donde se estima que hay 15.000 casas vacías, pero a cierre de 2023 el programa no ha funcionado y tan solo se ha formalizado la transacción de ocho inmuebles.

El programa está abierto hasta 2026, fecha en la que finaliza el convenio, pero la inejecución de estas partidas puede derivar en la pérdida de los fondos. Las ocho viviendas que ya tienen formalizada la escritura se reparten por la suguiente relación: una en Calatayud, dos en Teruel, un en Zaragoza, otra en Ricla, dos en Cedrillas y una en Alcorisa.

El departamento de de Fomento, Vivienda, Logística y Transporte del Gobierno de Aragón que ahora dirige Octavio López (PP) tampoco ha sabido darle un impulso a este programa, enmarcado dentro de los planes estatales que financia el Estado (aproximadamente el 70% de la cuantía) y las comunidades autónomas. Por eso, la dirección general de Vivienda quiere desbloquear el dinero presupuestado para darle otra salida.

Nuevo reparto de los fondos

Por un lado, se solicitará al ministerio la reversión de los fondos para destinarlos a otro programa del Plan Estatal de Vivienda que sí sería capaz de absorber todo el dinero y que ya tiene éxito, como el de ayuda al alquiler o las subvenciones a la mejora de la accesibildiad. Si no fuera posible, tratará de modificar el convenio existente con la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón para cambiar en él, dentro de lo que permite el plan estatal, los requisitos que dificultan las compras, como la tasación de euros por metro cuadrado o las obligaciones en cuanto a accesibilidad.

De hecho, algunos de esos requisitos recogían que el número máximo de viviendas que se pueden adquirir en Zaragoza era de 80 del total de las 195, lo que convertía el programa en un incentivo a la vivienda rural. El resto de las compras debía ejecutarse en otros municipios de la comunidad sin que ninguna operación supusiera más del 25% del presupuesto.

Las ayudas a la accesibilidad y el alquiler copan el plan de vivienda DGA-Estado

Según explicó José Luis Soro en marzo de 2023, «nunca se podrá pagar más de 1.500 euros el metro cuadrado, incluyendo los impuestos y las tasas», que también confirmó que para fijar el precio final de la oferta se iba a contratar a una empresa externa, experta en este tipo de tasaciones, «para que ponga valor al inmueble». Además, la superficie del piso debería ser de al menos 55 metros cuadrados útiles y si se requiriesen obras de mejora estas no podrán superar los 8.000 euros, IVA incluido.

El plazo para presentar ofertas se habilitó entre el 8 de marzo y el 16 de octubre, pero solo se lograron adquirir ocho viviendas. En origen, el programa trataba de facilitar la venta de viviendas en el medio rural para los tenedores que querían desprenderse de los inmuebles, pero los requisitos restrictivos y la falta de promoción del plan han llevado la iniciativa a un segundo plano.

La recuperación de esta partida es uno de los ases en la manga que la consejería tiene para desatascar uno de los cinco pilares del ambicioso plan de vivienda que prepara el departamento: los programas estatales. La dirección general de Vivienda potenciará cuatro de estos planes que ya estaban vigentes en 2023 al entender que tienen una alta demanda y que podrán completarse con el resto de patas del plan autonómico. La previsión que se maneja en la consejería es invertir 18 millones de euros este año en ayudas al alquiler general y para personas vulnerables, la subvención a la compra de vivienda en el medio rural para menores de 35 años y las mejoras a la accesibilidad. 

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