El Gobierno de PP y Vox tiene siete altos cargos más que el cuatripartito

El Ejecutivo de Azcón tiene 89 puestos de este tipo, frente a los 82 del anterior

El personal eventual se mantiene en 88 personas, aunque aumenta el gasto

Los consejeros del Gobierno de Aragón, en la reunión de trabajo para presentar las líneas de acción para 2024. | GOBIERNO DE ARAGÓN / sergio h. valgañón

zaragoza 04 MAR 2024 6:27

La estructura del Gobierno de Aragón que preside Jorge Azcón tiene siete altos cargos más que la que dejó el socialista Javier Lambán al abandonar el Pignatelli tras las pasadas elecciones. Un puñado más de puestos de alta dirección y un empate en el personal eventual son las conclusiones de una estructura que el Ejecutivo ha terminado de perfilar en sus primeros seis meses de Gobierno.

Una organización interna que ya comenzó con cambios por la incorporación de dos vicepresidencias, ocupadas respectivamente por Alejandro Nolasco y Mar Vaquero, frente a la única del cuatripartito, ostentada por el aragonesista Arturo Aliaga. El número de consejerías, diez, sí que se mantiene en la era Azcón. Sin embargo, ha aumentado el número de directores generales: el actual Ejecutivo autonómico tiene siete cargos más en este rango que los que registraba la anterior organización del cuatripartito. En este segundo nivel de responsabilidad se encuentran cargos del PAR y de Aragoneses –que se integró en las listas del PP– y ejemplifican la «base amplia» que en ocasiones se ha esgrimido desde el Ejecutivo.

Crece el gasto

Donde sí ha habido reducción ha sido en los comisionados. Los tres organismos, tanto el dedicado a la Agenda 2030, como a la Infancia como a la Despoblación desaparecieron de la estructura, como uno de los compromisos adquiridos entre Partido Popular y Vox para el pacto de Gobierno. En el caso de la despoblación, por ejemplo, pone nombre a la consejería que lidera el líder de Vox en la comunidad, el propio Alejandro Nolasco.

Con todo, el gasto en altos cargos es mayor este año que en el último ejercicio con Lambán en el Pignatelli, pese a la promesa, sobre todo extendida por la ultraderecha, de que el gasto en cargos públicos de alta graduación se iba a reducir.

Tal y como recoge la ley de presupuestos de este año, la DGA que conforman PP y Vox –con varios directores generales del Partido Aragonés, tercer socio en el camino de Azcón en el Pignatelli– tiene hasta 89 altos cargos. La parte noble de la estructura supone un gasto para las arcas públicas de 6.811.178,02 euros, a lo que se le debe sumar algo más de 1,3 millones de euros en concepto de la Seguridad Social de los trabajadores que conforman el grupo. Por el otro lado, los presupuestos de 2023 reflejaron que los 82 altos cargos del cuatripartito tenían un coste de 6.163.349,48 euros para las arcas públicas. El gasto en la Seguridad Social ascendía hasta los 948.515,11 euros.

En el caso del personal eventual, el Gobierno de Jorge Azcón tiene los mismos asesores y personal de confianza que tuvo el Ejecutivo de Lambán en el último año del cuatripartito. 88 personas conforman este cuerpo de trabajo, con unas retribuciones totales que llegan hasta los 4.083.813,12 euros, 55.000 euros más que en la era Lambán. Se deben sumar, también, las cotizaciones a la Seguridad Social que se eleva hasta 1.210.791,90 euros

Además del aumento de personal, el gasto ha crecido por la subida salarial del 3% que se ha aplicado a todos los trabajadores públicos. La acción se llevó a cabo por la aplicación de los Presupuestos Generales del Estado y la actualización del IPC a los empleados públicos.

Una auditoría para controlar el gasto público y el trabajo

El control del gasto en cargos públicos y la mejora del funcionamiento interno de las administraciones es un mantra que todos los partidos rescatan en campaña y con el que azuzan desde la oposición. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, mantuvo el reto en su debate de investidura y anunció, en el ya lejano mes de agosto, que impulsaría desde el Pignatelli una auditoría para conocer cómo se habían hecho las cosas durante el mandato de ocho años de Javier Lambán como presidente.

En ese debate que le llevó hasta el cargo que hoy ostenta, Azcón señaló que «el claro objetivo» de ese proceso de auditoría era «simplificar al máximo el funcionamiento ordinario del Gobierno y de los organismos que de él dependen». La otra intención era también, según reconoció el presidente en aquella intervención, que sirva para mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Es «examen» al anterior Ejecutivo servirá para conocer mejor cómo se utilizaban los recursos económicos, qué se puede hacer para mejorar esa Administración y, por supuesto, para juzgar el trabajo hecho por el cuatripartito. Bien es cierto que, desde entonces, ni Azcón ni otros miembros del actual Gobierno han vuelto a hacer excesiva referencia a esa auditoría. En ese mismo discurso, Azcón anunció la eliminación de los comisionados de Despoblación, Agenda 2030 e Infancia y otras de las investigaciones que ya marcan el día a día de la agenda política: la comisión de investigación a las renovables en la que ya están inmersos los grupos políticos en las Cortes.

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