El Gobierno de Aragón llevará a la fiscalía la compra de 10.000 mascarillas defectuosas

El Gobierno de Aragón llevará ante la Fiscalía la compra de 10.000 mascarillas defectuosas realizada durante los momentos más duros de la pandemia. Así lo ha anunciado este martes la consejera de Bienestar Social y Familia, Mamen Susín, que ha desgranado las causas que llevan al Ejecutivo autonómico a recurrir a la vía judicial para intentar resolver un caso que ha tenido un impacto negativo de más de 25.000 euros en las arcas del Instituto Aragonés de la Salud (IASS).

La consejera ha explicado que el contrato al que se hace referencia y que «cuanto antes» se encontrará en la mesa de la Fiscalía es el firmado el 2 de abril de 2020 por el Gobierno de Aragón con la empresa Escrow Trust Europe Foundation, afincada en Países Bajos. El importe abonado anticipadamente en esta operación de compraventa fue de 244.570 euros desglosados en dos facturas. La primera, fechada el mismo día de la venta, se presentó por correo electrónico por un importe de 154.170 €. La segunda factura, que regularizaba o complementaba la primera facturación, se emitió en fecha 22 de abril de 2020 por un importe de 106.518 €, de lo que resultaba un saldo pendiente de pago a favor de la empresa de 16.117,69 €. «El IASS no ha pagado el importe adicional, que queda pendiente de pago a la empresa según lo que refleja la segunda factura», ha detallado Susín, que ha recordado también el desfase de fechas de entregas, ya que las mascarillas no llegaron a los almacenes del Gobierno de Aragón hasta el 24 de junio del mismo 2020.

La consejera ha explicado cómo el propio Gobierno de Aragón se puso en contacto con algunos laboratorios para valorar las características de los cubrebocas y entonces ya existieron «informes que muestran reparos respecto a la calidad de las mascarillas de uso médico». Este tipo de cubrebocas se pagaron a «4,15 euros», unas cinco veces más caras que las mascarillas de tres capas que se adquirieron a la misma firma, que forma parte del grupo Santacatalina. En total, se llegaron a comprar 10.000 mascarillas de tipo médico.

«El cobro de 4,15 euros por las mascarillas de uso médico frente a los 0,16 euros que costaron las otras mascarillas solo es razonable si, a priori, existe una calidad superior», ha considerado Susín, que ha esgrimido esta prueba como «la confirmación de que el posible engaño al IASS se habría articulado en el envío de material de un producto que no cumple con las características reales del propio producto».

Los informes técnicos sobre la calidad no se quedaron en esas primeras valoraciones, sino que el 25 de mayo un laboratorio emitió «un informe que afirmaba que las mascarillas no podían ser consideradas ni FFP2 ni FFP3».

Las valoraciones por escrito no se limitaron a los informes técnicos de los laboratorios, sino que la propia Escrow Trust Europe Foundation reconocía en unas facturas en inglés –entregadas en las aduanas por tratarse de un intercambio internacional– que las características tipificadas no eran las que en realidad tenían las mascarillas: «La factura en inglés indica que no son de uso médico, por lo que puede concluirse que el suministrador sabía que las mascarillas no tenían ese uso y que no cumplían con la categoría que se mostraba en las especificaciones del material». Por todo ello, la responsable de Bienestar Social y Familia cree que la actuación de la firma del grupo Santacatalina se realizó «de forma deliberada» y deja «constancia» de que las mascarillas no podían utilizarse para uso médico.

«El IASS adquirió el material sanitario en la creencia errónea de la apariencia de un cumplimiento de las especificaciones», ha recordado Susín, que valoró el perjuicio económico sufrido por el instituto aragonés en «25.382 euros, a los que habría que añadir los costes proporcionales del transporte de la mercancía». La consejera de Bienestar Social y Familia ha afirmado que esos más de 25.000 euros suponen «un correlativo ingreso» en las cuentas del grupo Santacatalina, beneficiario de la operación y que, como ha destacado la consejera, está denunciado en Canarias por la venta de vacunas, también durante la pandemia del coronavirus.

Pese a la crítica al anterior Ejecutivo autonómico de no agotar todas las vías existentes para solucionar este perjuicio que puede considerarse «una estafa a todos los aragoneses», Susín sí ha aclarado lo hecho por el Gobierno de Javier Lambán para intentar atajar la problemática. «Desde el IASS se intentó dar una solución y se buscó la reelaboración de la factura», ha explicado la consejera, que ha lamentado que ese proceso fue «imposible» pese a los intentos de los responsables del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Susín ha recordado además que el Gobierno de Aragón del cuatripartito dirigió «un escrito a la empresa proveedora en el que reclamaba el reintegro del importe de las mascarillas defectuosas». Como ya se notificaba en los informes técnicos y en una de las facturas de la propia empresa, la DGA recordaba en ese escrito a Escrow Trust Europe Foundation que «las mascarillas FFP2 no cumplían las especificaciones determinadas». El propio Gobierno de Aragón resaltaba en la carta que «el producto iba acompañado de un certificado simulado, incumpliendo la normativa y sin firma de un organismo que lo acredite». Susín ha considerado que las 10.000 mascarillas de las que se reclama su importe tenían «un etiquetado falseado».

La consejera cree que acudir a la Justicia es «completar la actuación legal que el anterior Gobierno dejó de manera incompleta» y ha explicado que la denuncia que se traslada con el expediente tiene el objetivo de «abrir las diligencias para esclarecer hechos, depurar responsabilidades y ver si es constitutivo de delito, para poder conocer las responsabilidades penales y civiles».

Susín ha descartado que esta medida tenga tinte político, pese a presentarse el mismo día en el que arrancan las comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado sobre las fraudulentas compras de mascarillas por parte de las instituciones: «Solo me refiero a la dejación de funciones del anterior Gobierno, que advirtió que se iban a tomar acciones legales pero nunca llegó a llevarlas a cabo». «Estamos culminando estas acciones, porque es la obligación del Gobierno, que es trasladar a Fiscalía la información para ver si se ha estafado a los aragoneses en un momento tan sensible», concluyó la consejera.