POLÍTICA UNIVERSITARIA
El ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades estudia financiar al 70% las plazas de profesorado
Este último plan multiplica las plazas que serán subvencionadas por el Estado durante seis años y pasan a ser 3.400 de las 1.300 iniciales
![La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a7030e22-0b7b-4b3e-af7a-da5a7405e359_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés. / El Periódico de Aragón
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades finalmente ha presentado este miércoles en la Conferencia General de Política Universitaria un nuevo proyecto de financiación de las plazas necesarias para aplicar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). La propuesta pasaría por financiar en torno al 70% de los nuevos profesores ayudantes doctor en la Universidad de Zaragoza.
Este último plan multiplica por más del doble las plazas que podría financiar el Estado durante seis años –pasando de las 1.300 iniciales a 3.400-. «Hemos conseguido que el Gobierno central se aviniera a dialogar con las comunidades, y asumiera que su esfuerzo presupuestario debía ser mucho mayor. Ahora, vamos a seguir estudiando la nueva propuesta en el seno de la comunidad autónoma y con el mismo Ministerio», ha señalado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, al término de la reunión. Forniés ha vuelto a reclamar ayer al Gobierno central «responsabilidad y compromiso» para financiar adecuadamente los costes que supone la implementación de la LOSU.
Una financiación «justa»
La responsable autonómica ha instado a seguir trabajando y avanzando en el grupo de trabajo creado con las comunidades autónomas –que ha celebrado ya tres reuniones- para acordar un modelo de financiación justo, en base al principio de lealtad institucional.
En este sentido, Forniés ha defendido que debe ser el Estado el que se haga cargo de los costes que deriven de sus iniciativas legislativas. La consejera reclamó que se siga avanzando en el grupo de trabajo creado con las autonomías.
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