Aragón ya ha recibido en lo que va de año más de 1.500 peticiones de asilo

La protección internacional es más necesaria que nunca. Han pasado 35 años desde que la caída del Muro de Berlín provocase un cambio en la geopolítica internacional, que pasó de un sistema bipolar dominado por dos grandes potencias a un sistema globalizado que provoca que lo que sucede a cientos de kilómetros repercuta en mayor o menor medida en el resto del mundo. Más allá de la cuestión económica, con Ucrania o el mar Rojo como buenos ejemplos, cada día son más las personas desplazadas por los conflictos. Y ni siquiera hace falta que estos sean a gran escala, sino que las persecuciones políticas, étnicas o religiosas están a la orden del día en latitudes del mundo que a menudo son olvidadas. Es por ello que miles de personas se ven abocadas a solicitar a terceros países, como España, la protección internacional. Aragón, por ejemplo, ha registrado 1.512 peticiones en lo que llevamos de año, 1.072 de ellas en la provincia de Zaragoza. Pero, ¿cómo funcionan estos procesos?

Accem es una de las principales organizaciones españolas que trabajan en el campo de la atención al refugiado. En el caso de Aragón, esta oenegé realizó un total de 794 peticiones de protección internacional en sus centros de Zaragoza, Calatayud, Teruel y Burbáguena. En ese sentido, uno de los abogados que asesoran y trabajan con la asociación es Celestino Sánchez-Toro, quien desgrana a este diario algunas de las principales características de este procedimiento. «La principal figura es el asilo y el refugio, a la que tienen derecho todas las personas que manifiestan un terror fundado. Es decir, gente que es perseguida por cuestiones étnicas, religiosas, de género y orientación sexual, políticas, etc.», explica.

El proceso, en cambio, puede durar varios meses, incluso años, hasta que se dicta sentencia firme. El primer paso tras entrar a España, similar en todos los países de la Unión Europea, es hacer un manifestación de voluntad, momento en el que el afectado adquiere la condición de solicitante. Posteriormente, la policía le realiza una entrevista para formalizar sus motivos, en la que el solicitante debe presentar pruebas y documentación. Es entonces cuando el expediente es enviado a Madrid, a la Oficina de Asilo dependiente del Ministerio del Interior, donde se dicta una resolución favorable o desfavorable. En este segundo caso, el afectado puede interponer recurso hasta que la sentencia sea firme, momento en el que cuenta con 15 días para abandonar el país.

Derecho a trabajar

«La tardanza depende de la provincia. En Zaragoza, puede pasar un mes desde que el solicitante se manifiesta y es entrevistado», afirma Sánchez-Toro, quien detalla que, durante todo el proceso, el solicitante tiene derecho a trabajar, así como a recibir asistencia sanitaria y coberturas sociales.

En el caso de Accem Aragón, el país que encabeza la clasificación de solicitantes es Colombia, con 215, seguida de Venezuela (136), Senegal (83) y Ucrania (80). Asimismo, de las 794 atenciones que la oenegé llevó a cabo el pasado año, 80 han conseguido ser beneficiarias, más de un 10%, a la espera de las resoluciones pendientes. De ellas, 70 pertenecían a ciudadanos ucranianos que habían solicitado protección temporal, una figura para casos «excepcionales» y que especialmente es recogida en el marco de la legislación europea. Sin ir más lejos, de las 3.552 peticiones de asilo temporal recibidas en Aragón en el 2022, año que estalló la guerra, 3.488 eran relativas a personas de origen ucraniano.

Además del asilo, existen otras categorías dentro de la protección internacional. La primera de ellas es la subsidiariedad, más personalizada y destinada para personas que tienen sentencias firmes en sus países de origen. Por ejemplo, un ciudadano condenado a muerte por ser homosexual tendría derecho a acogerse a ella. También existe la protección humanitaria, una figura más abierta y que mira especialmente a crisis sociopolíticas, como la vivida en Venezuela en la última década. Por último, está la categoría del apátrida, que en Europa proviene especialmente de los ciudadanos del Sáhara Occidental.

Según los últimos datos provisionales a nivel nacional, en 2023 Zaragoza fue la quinta provincia con más solicitudes de protección internacional, 4.609, solo superada por Las Palmas, Barcelona, Málaga y, muy por encima, Madrid. Una posición que sube hasta la tercera plaza en los dos primeros meses de 2024, con 1.072 peticiones. En ese mismo período, Aragón ha sido la quinta comunidad de España con más atenciones, 1.512, con Colombia y Venezuela como países con más solicitantes. 

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