La ley de agricultura familiar de Aragón inicia el camino hacia su "derogación" solo un año después de ser aprobada

La ley de agricultura familiar de Aragón ha iniciado este lunes el camino hacia su derogación. Así lo ha anunciado la DGA, poco más de un año tras su aprobación, llevada a la práctica el 23 de febrero de 2023. Según la actual consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación, liderada por el ultraderechista Ángel Samper, esta ley "modifica elementos esenciales de régimen de las explotaciones ganaderas intensivas que conllevan un significativo impacto económico en su economía". Además, desde la consejería regida por Vox aseguran que se altera "la eficacia de la administración", y también la acusan de "regular de forma parcial determinados subsectores de la actividad" y de incurrir "en extralimitaciones competenciales", por ejemplo, en el regadío.

Así, el departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón está trabajando en la revisión, para este primer semestre de 2024, de los artículos que definen como "más conflictivos", con la finalidad de introducir "los cambios sustanciales que demandan nuestros agricultores y ganaderos".

En el caso del régimen de regadíos donde, según dicen desde la consejería, "se requiere adecuar técnicamente la regulación del sistema de la vigente ley para posibilitar la aplicación efectiva y plena del sistema de financiación que contiene, así como abrir la norma a mecanismos de cooperación público-privada que permitan acometer un mayor número de obras de regadío según demandan las necesidades del sector y a nuevos instrumentos que garanticen mayores posibilidades de financiación".

Otros de los extremos a revisar persiguen "la eliminación de las distorsiones producidas por la regulación en la vigente ley del régimen de las unidades mínimas de cultivo, la necesaria claridad y seguridad jurídica del régimen de distancias mínimas de las explotaciones ganaderas o el cumplimiento del acuerdo alcanzado con el Estado para derogar, por su inconstitucionalidad, el artículo 50, sobre obligaciones impuestas a funcionarios públicos, notarios y registradores en el ejercicio de sus funciones en relación a bienes procedentes del Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma y que afectan a documentos públicos y a su inscripción registral".

La revisión de la ley también incorporará el "refuerzo" de la protección del suelo productivo para que sea "incompatible" con el desarrollo de proyectos de energías renovables en suelos agrarios, según sus categorías. La ley podrá proporcionar, adicionalmente, cobertura normativa suficiente para las actuaciones encaminadas a mitigar los daños agrarios que ocasionan las plagas de conejos. Y es que, según la DGA, "la revisión de la ley de agricultura social y familiar de Aragón constituye uno de los objetivos prioritarios del departamento" ya que el consejero Samper asegura que “es una ley que no contó con el aval de la mayoría del sector”.