COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LAS CORTES

Los responsables de tramitar las renovables aseguran que no hubo fragmentación de proyectos

Los directores generales de Energía y Minas y los responsables de Industria dicen que "no se evitó la evaluación ambiental" pese a que el Inaga estaba colapsado y rechazan la moratoria

La actual directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés, este lunes en las Cortes.

La actual directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés, este lunes en las Cortes. / Cortes de Aragón

M. Calvo / A. Arilla

Poca luz sobre la instalación de renovables en la comisión de seguimiento que se desarrolla en las Cortes de Aragón. Este lunes, los directores generales de tres gobiernos autonómicos y dos responsables provinciales han coincidido en hablar más de ordenación futura que de reordenación de lo que está en cartera. En resumen: que la planificación debió haberse hecho antes, que ahora es tarde, que no hubo fragmentación de proyectos para evitar el filtro del ministerio y que la moratoria a la instalación "será una cosa que Aragón lamentará".

Ya lo había dicho la actual responsable de Energía y Minas del Ejecutivo aragonés, Yolanda Vallés, en una entrevista con este diario, pero este lunes ha vuelto a reconocer que "es necesaria una planificación, pero nunca hemos visto la posibilidad de una moratoria". En este sentido, ha afirmado que pretende elevar las conclusiones del mapa de impacto durante el mes de mayo donde se catalogarán las zonas que podrían ser excluidas. Por otro lado, el plan de energía de Aragón estará listo a finales de año y en él se recogerán medidas como la longitud máxima de las líneas de evacuación.

Vallés ha explicado que la proliferación de expedientes de renovables a partir de 2018 "coge a todas las comunidades y al Estado sin ningún tipo de ordenación" en esta materia, lo que provoca el aluvión burocrático que terminó con el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental colapsado, situación que aún se mantiene, según ha reconocido su actual gerente, Luis Simal. "Se fueron desarrollando planes estratégicos en Castilla y León, Euskadi, Valencia, Madrid, Extremadura o Andalucía, que si bien no contentan a todo el mundo porque hay distintas sensibilidades por lo menos fijan criterios", ha señalado Vallés, citando que la primera regulación en Aragón viene de la ley de la ley de Agricultura Familiar, que prohíbe instalar placas y aerogeneradores en parcelas destinadas a regadíos sociales.

Pese a que Vallés no ha querido mojarse sobre la tramitación ambiental de los proyectos, sí ha advertido en un "cambio de orientación" a partir de mediados de 2021 en la redacción de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). "Partíamos, hasta mediados de 2021, de unas DIAs en las que los parques de renovables producían daño en el medio ambiente, por lo que era necesario establecer los condicionantes necesarios para evitar ese daño y donde el promotor era el responsable de adoptar medidas. Posteriormente, eso ha cambiado aplicando la figura de la comisión de seguimiento medioambiental, regulada por el Inaga y esta dirección ambiental y con una empresa externa de vigilancia ambiental, lo que se traduce en más burocracia", ha dicho Vallés.

El actual director del Inaga, Luis Simal, cree que la moratoria podría tener consecuencias que acabarían en la Justicia y aseguró que no ha habido fragmentación de proyectos, una de las denuncias que aparecieron en campaña electoral al asegurar que macroparques de renovables se habían dividido en proyectos más pequeños para que fueran tramitados por la Administración autonómica, entonces colapasada, y no por el Ministerio de Transición Ecológica al tener menos de 50 MW. Simal también se refirió a que la moratoria podría tener “consecuencias jurídicas”.

Coincidió en el 'no' a la moratoria el director del Servicio Provincial de Industria en Teruel, Ángel Lagunas,  que, aludiendo a la posible fragmentación de proyectos, ha asegurado que "si se cumplen lo requisitos, hay que autorizar". También rechazó la fragmentación de proyectos Marina Sevilla, directora general de Energía y Minas entre 2011 y 2015 con el PP y ahora responsable de Administración Local (también con el PP, dentro de Aragoneses). "No hay fragmentación si se divide y evalúa otra administración, sea el Estado o la comunidad autónoma", ha dicho Sevilla, que rechazó la moratoria de las renovables. Lo mismo piensa Alfonso Gómez Gámez, ahora concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza y director general de Energía y Minas entre 2015 y 2019, que llamó a no perder el tren de las renovables "porque Aragón lo lamentará.