La comunidad LGTBI aragonesa pide un funcionariado más "formado" para "perder el miedo a denunciar"

«Terribles» son las conclusiones que extrae la comunidad LGTBI aragonesa del informe Estado LGTBI+ 2024 unido a los datos recabados por el Ministerio del Interior. Cruzando los datos, se puede deducir que tan solo el 0,57% de las agresiones denunciadas por delitos de odio acaba siendo juzgada como tal. Un número «preocupante» y el cual, aprovechando la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, ha sido el pretexto perfecto para que las asociaciones aragonesas implicadas hayan salido este viernes a las calle de la capital aragonesa para demostrar que, aunque se ha avanzado en varios aspectos, todavía queda mucho por hacer.

«Debemos lanzar esa voz de alarma», reclama Leticia Ojeda, de la Asociación Somos LGTBI de Aragón. La portavoz señala dos motivos diferenciados para tratar de entender ese 0,57% de condenas. «El primero es que las víctimas no tienen la convicción de que la persona que les vaya a atender tengan la sensibilización suficiente», explica Ojeda. «El segundo es el miedo a las repercusiones y, en especial, el miedo a la exposición social», relata. Para la representante de la Asociación Somos LGTBI de Aragón, las últimas cifras disponibles, que aseguran que los delitos de odio han disminuyeron un 25% en la comunidad aragonesa son «engañosas», precisamente por esa falta de denuncias interpuestas. En palabras de Ojeda, la percepción del colectivo es que «los mensajes de odio que se están multiplicando en los medios de comunicación y en las redes sociales se acaban convirtiendo en agresiones».

Leticia Ojeda valora positivamente los avances en «derechos» que ha tenido la comunidad LGTBI en los últimos años, aunque cree que la sociedad está lejos de «aceptar la diversidad como normalidad». «Se habla mucho de la responsabilidad de las instituciones, pero para mí es mucho más importante la responsabilidad individual. En la educación de cada uno está que los estigmas sociales acaben desapareciendo y con ellos, los problemas que sufrimos», afirma la de Somos LGTBI Aragón, que recuerda que un 80% de la población del colectivo ha sido víctima de algún tipo de discriminación o agresión en algún momento de su vida.

Leyes, realidad y formación

También reconoce los avances en materia legislativa Pepe Paz, secretario de la asociación Towanda de Aragón. Eso sí, para que «puedan implementarse de verdad», el activista asegura que debería desarrollarse los reglamentos y los protocolos para tramitar de mejor manera esas denuncias, algo que, a su juicio, se prometió hacer en el año 2018 y no se ha llevado a cabo. 

Por ello, Paz asegura que cuando una persona del colectivo acude a una comisaría a denunciar una agresión «se siente un poco perdida y percibe que el funcionario que le atiende no está capacitado emocionalmente para entenderle». «Hay que crear un entorno seguro para que todos perdamos el miedo a denunciar», relata el secretario de Towanda, que considera «prioritario» que la formación en este tipo de denuncias sea obligatoria y no opcional para los funcionarios y ofrece la experiencia del colectivo «para ayudar en lo que se necesite».

Bajo el lema Ni un paso atrás, las principales asociaciones que defienden los derechos de las personas LGTBI se concentraron a media tarde de este viernes a las puertas de la Diputación Provincial de Zaragoza, para denunciar, a través de la lectura de un manifiesto, el «preocupante incremento de la violencia por la fuerza que están tomando algunos mensajes transfóbicos». Y es que las personas LGTBI quisieron recordar ayer que «todavía sigue existiendo una presión social para sacarnos de las calles o para ocultarnos bajo disfraces que no nos representan», algo por lo que, sin lugar a dudas, «merece la pena seguir en la lucha».