Política Hidráulica

La CHE concluirá en 2025 la nacionalización temporal de cinco centrales hidroeléctricas

El órgano de cuenca devolverá a manos privadas la explotación de las instalaciones o iniciará sus respectivos expedientes de extinción

La central hidroeléctrica auxiliar de Campo, entregada a la CHE en el año 2017.

La central hidroeléctrica auxiliar de Campo, entregada a la CHE en el año 2017. / CHE

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) concluirá en 2025 parte de su plan para nacionalizar de forma temporal seis centrales hidroeléctricas en Aragón –y 19 en toda la cuenca– dentro del tercer ciclo del plan hidrológico del Ebro (2022-2027) para extinguir la concesión de estas infraestructuras explotadas hasta hoy por compañías eléctricas. Entre este año y el que viene, el órgano de cuenca, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, revertirá a manos públicas las centrales de Morca (Añón de Moncayo, 0,8 MW), Argoné (Campo, 14,4 MW),_Salinas-San Marcial (auxiliar de Lafortunada, 2,4 MW), que se sumarán a las que ya han vuelto a manos de la confederación durante el último decenio y a las que no están en territorio aragonés (Recajo y Sangüesa, ambas en Navarra).

Con las reversiones previstas hasta 2027, la CHE sumará 86 MW de potencia hasta alcanzar los 150 en total, repartidos en 24 plantas, 13 de ellas en tierras aragonesas. Esas 13 se corresponden a las centrales de El Pueyo (Panticosa), Barrosa y Urdiceto (Bielsa), Auxiliar de Campo, Lafortunada-Cinqueta (Salinas, río Cinca), Morana (Añón, río Huecha), La Requijada (Nuévalos, río Piedra), San José (Graus) y El Ciego (Estada).

Los principales damnificados de esta política hidráulica son las grandes compañías eléctricas, sobre todo Acciona, Endesa e Iberdrola, que explotan la mayoría de las centrales de la cuenca del Ebro. Eso sí, la vuelta a manos privadas o su extinción por falta de utilidad futura la decidirá el ministerio con la resolución del expediente abierto al concluir la concesión.

La nacionalización de estas infraestructuras de generación de electricidad se debe a que la ley de Aguas del año 2001 –sustituía la de 1986–, contempla que las concesiones en el dominio hidráulico se extinguen al cabo de 75 años, por lo que la CHE se marcó para el plan hidrológico 2022-2027 rescatar las centrales hidroeléctricas a medida que van caducando sus licencias.

Sin embargo, el organismo de cuenca, a instancias del Miteco, no contribuirá a la creación de una empresa pública de energía son la explotación de estas infraestructuras, sino que volverá a sacar a concurso los contratos de las centrales. «La idea es que vuelvan a salir a licitación en la mesa del ministerio, pero yo creo que ahora esos plazos de 75 años ya no caben, sino más pequeños», explica a este diario el presidente de la CHE, Carlos Arrazola. La pretensión de la confederación es pues volver a sacar a concurso la concesión, pero eso dependerá de la viabilidad de las infraestructuras, dado que el cambio climático y la evolución natural de los usos sociales hacen que algunas de ellas no sean rentables.

Las centrales que la CHE explota en el Pirineo son de un tamaño menor a los grandes saltos, cuyas concesiones estarán vigentes hasta pasado 2060, como los casos de Ribarroja o Mequinenza. La otra central de tamaño más relevante cuya adjudicación está próxima a expirar es la del embalse de El Grado, en 2042. Además, los saltos de El Pueyo y Lafortunada-Cinqueta van muy ligados a la pluviometría, ya que su capacidad de embalse es mínima. Se suma a ello que la ley considera prioritario turbunar para suministrar abastecimientos y riego, por lo que fuera de campaña en casos como el de San Salvador solo se abren compuertas para llenar el pantano de Barasona. 

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