Los trabajadores de Reforma y Protección de menores de Aragón se movilizan

Su trabajo es esencial ya que son los que trabajan con los niños y adolescentes que en un momento de sus vidas se encuentran en “una situación de vulnerabilidad extrema, con factores de riesgo y marginalidad muy altos o incluso en conflicto con la ley”. Y lo hacen las 24 horas del día, todos los días del año porque así es necesario por situaciones de conflicto o porque han sido retirados de su familia durante un tiempo. Sin embargo, sus condiciones laborales son “precarias” y en las últimas décadas han perdido un 47% de su poder adquisitivo; aunque no son sus únicas reivindicaciones, también “trabajo de festivos, nocturnidad, riesgos laborales altos, salud mental”, etc. Se trata en definitiva de “dignificar el trabajo”, aseguraron ayer miembros de las Plataforma por un convenio aragonés de Reforma y Protección de menores. En esa plataforma están representados CCOO, UGT y CGT. Esta mañana Cristina del Pozo, de CGT Enseñanza, Martín García, representante de los trabajadores de la Vivienda--Hogar Lorenzo Loste de Huesca; María José Usán, representante de los trabajadores de Faim en el reformatorio; y Angélica Mazo, secretaria del Sector Servicios Sociales de UGT, han convocado a los pedios para dar a conocer esta situación , ya que consideran que "cuando se habla de estos servicios siempre es en negativo" y, además, "existe gran desconocimiento para gran parte de la sociedad". Solo se sabe "cuando un menor comete una infracción, de los menores no acompañados, etc... pero no de la labor de reeducación" o del trabajo con las familias desestructuradas o de prevención, han señalado.

Para dar a conocer su situación, que afecta a alrededor de 600 trabajadores, han organizado dos protestas, el 30 de mayo , que se celebra en Zaragoza un congreso de Ética; y el 6 de junio en la plaza de España, a las 18.00 horas. Los trabajadores reclaman un convenio aragonés y para ello necesitan sentarse con las entidades que gestionan estos servicios; y también con el IASS, ya que los centros son públicos pero el servicio está externalizado, según ha explicado María José Usán, representante de los trabajadores de Faim en el reformatorio.

Los sindicatos convocan a una reunión a los gerentes de las entidades para negociar el convenio de Reforma y protección de Menores en Aragón

El problema viene de lejos. Hasta 2003 los trabajadores eran funcionarios. A partir de entonces, los pliegos determinaban “las condiciones laborales”, cuáles iba a ser el sueldo, que debía ser de al menos un “80% de lo que cobraba un funcionario de igual categoría”. Sin embargo, actualmente eso ya no lo marca y simplemente “se habla del precio por plaza o de cuanto se va a destinar a la calefacción o a la luz”, ha recordado Usán. Eso hace que en estos momentos un trabajador de Protección o Reforma cobre “menos del 50% de lo que cobra un funcionario” y, solo es eso sino que “trabajamos festivos, noches, los 365 días del año, a todas las horas porque los centros nunca cierran”, ha asegurado.

Las condiciones laborales las marca ahora un convenio estatal con unas condiciones “mínimas y precarias”. Para mejorar esa situación, otras comunidades decidieron firmar convenios autonómicos; y en Aragón también se dio un paso en este sentido desde 2019. “Hemos hablado con todos los partidospolíticoss de todos los colores, con el Justicia, con el gerente del IASS… y esta plataforma está respaldada por los sindicatos mayoritarios”, han afirmado. El IASS les dice que “es un conflicto laboral” y las asociaciones que necesitan saber que el Gobierno de Aragón “asumirá esa subida y si no no se sientan a negociar”, han señalado-

El pasado 17 de mayo tuvieron una reunión a la que convocaron a las entidades que gestionan los servicios: Aldeas infantiles, Kairós, Ymca, Faim, Río Grío, Ozanam, Ateca y Fepas. El primer paso es que el IASS les asegure que asume esa subida; la segunda, que se conviertan en patronal (representen al 51% de los trabajadores) y así sentarse a negociar. Según ese encuentro, Faim y Río Grío estarían de acuerdo; Aldeas, Ymca y Kairós no apoyan el convenio porque “podría crear un precedente en otras ciudades donde están representado; mientras que Ozanam, Fepas y Ateca ni siquiera acuieron a la reunión.

Por eso el 14 de junio las han convocado a otras cita. “Es una nueva oportunidad” que tienen para dar el visto bueno a negociar el convenio. El siguiente paso sería una convocatoria de huelga pero “no queremos que se rompa la paz social”. De hecho, quienes perderían serían en ese caso serían los niños”, han asegurado, porque los trabajadores están tan ajustados que el 100% tendría que ir a trabajar”, por lo que solo sería una medida de “cara a la sociedad”, pero eso implicaría que “los niños perdieran una salida o hacer que llegara tarde al médico” y “eso no lo vamos a permitir y con eso cuentan las entidades, con nuestra profesionalidad.