Aragón presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía: "Es una de las páginas negras de la historia de España"

El Gobierno de Aragón presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía y lo hará público en menos de tres meses. Así lo ha confirmado en rueda de prensa este jueves el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, que ha vuelto a presidir el grupo de trabajo que desde hace meses se encuentra elaborando el recurso. Como ya habían mencionado alguna vez los responsables del recurso, el anuncio de su interposición se iba a hacer oficial en cuanto la amnistía se aprobase en el Congreso, algo que ha ocurrido este jueves. Aragón fue la primera comunidad en confirmar que iba a trabajar en un recurso contra el texto en favor de los independentistas catalanes.

Tras la confirmación oficial de la aprobación de la Ley de Amnistía, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha publicado un vehemente mensaje de rechazo en sus redes sociales. "La aprobación de la ley de amnistía es una de las páginas negras de nuestra historia", ha señalado el líder del Ejecutivo, que ha definido esta medida como "un golpe terrible contra nuestro sistema democrático porque es injusta, inmoral e inconstitucional".

El presidente ha acusado a Pedro Sánchez de "dinamitar los cimientos básicos del Estado y el principio de igualdad con el único objetivo de permanecer en el poder". Azcón considera que la Ley de Amnistía "no es un instrumento de reconciliación ni nada parecido", sino "un ataque directo a nuestros principios básicos de convivencia en la legalidad y supone un espaldarazo a quienes quieren desmontar nuestro sistema constitucional".

El jefe de la DGA confirma que el impulso al recurso de inconsutitucionalidad sigue plenamente en activo: "Desde Aragón vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedir este atropello de nuestros derechos más básicos".

El grupo de trabajo contra la amnistía

El vicepresidente primero y consejero de Justicia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado que la aprobación de la Ley Orgánica de Amnistía este jueves supone "uno de los días más trágicos de la democracia española". Una aprobación que ha calificado como "un ataque brutal contra el régimen constitucional y democrático que todos los españoles acordamos en 1978"; y que "socava la división de poderes, la independencia del poder judicial y vulnera el principio de seguridad jurídica". 

"Se está quebrando el Estado de Derecho desde dentro de la misma cámara que debería velar por su cumplimiento: El Congreso de los Diputados. Y sus responsables son los grupos que conforman y sustentan el Gobierno central", ha analizado. 

Por ese motivo, se ha vuelto a reunir el Grupo de Trabajo que prepara el Recurso de Inconstitucionalidad que presentará el Gobierno de Aragón contra la Ley de Amnistía, cuyo coordinador es Alejandro Nolasco; y del que también forman parte la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández; y los secretarios generales técnicos Juan Pérez Más y Luis Biendicho.

El recurso se encuentra "muy avanzado a falta de los retoques finales" y será de "la mayor calidad jurídica". La comunidad autónoma de Aragón dispondrá de tres meses para su presentación una vez que la Ley Orgánica de Amnistía haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Nolasco ha anunciado también que un paso previo será elevar la interposición del Recurso al Consejo de Gobierno.

Igualmente, Nolasco ha recordado que el 1 de noviembre de 2023, la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la asociación mayoritaria de la judicatura, "emitió un comunicado expresando su máximo rechazo a la Ley de Amnistía porque supone el principio del fin de la democracia española”. En dicho comunicado, expresaron que “no es admisible en la Constitución Española de 1978” y que “pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo”.

El consejero de Justicia del ejecutivo autonómico ha acusado al presidente del Gobierno central de "sacar la apisonadora contra todo principio democrático para blindarse en lo que ellos mismos saben que es inconstitucional, valiéndose de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General". En esta línea, ha criticado que "el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, retrasó su apoyo a los distintos fiscales que instruyen causas contra los delitos del separatismo". "Hasta 19 fiscales del Supremo firmaron una carta reprochando el silencio de su jefe ante las injuriosas insinuaciones sobre un supuesto lawfare", ha afirmado.

"Los aragoneses pueden tener la certeza de que el Gobierno de Aragón siempre velará por ellos porque nadie está por encima de la ley. Aragón no es una comunidad de segunda ni de tercera, por más que el Gobierno central muestre su empeño en pisotearnos continuamente. La seguridad jurídica, el cumplimiento de las normas y la garantía de la independencia del poder judicial son siempre unas premisas fundamentales que marcan cualquier actuación de este Gobierno de Aragón, que tiene plena legitimidad para presentar este recurso", ha concluido.