La presidenta de las Cortes y Azcón, unidos contra Sánchez

Más madera a la oposición total que las instituciones aragonesas han planteado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La presidenta de las Cortes, Marta Fernández, no pudo aprobar su declaración institucional en defensa de la unidad de España y contraria a la amnistía, pero sí elevó su tono contra el presidente del Gobierno. Una dureza que mantuvo el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, aunque centrado en la investigación en torno a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez.

Nada prolífica en comparecer ante los medios de comunicación, Marta Fernández lo hizo para argumentar la propuesta que llevó a la Junta de Portavoces: la lectura del artículo 2 de la Constitución, en defensa de la unidad de España. Una clara respuesta a la Ley de Amnistía aprobada la semana pasada en el Congreso.

«Mi deber ético y constitucional como presidenta de las Cortes de Aragón es defender nuestra norma básica ante los ataques por parte de minorías con intereses particulares y que atentan contra la unidad de España y el interés general de los españoles», aseveró Fernández, dentro de su compromiso por «denunciar cualquier violación de las garantías democráticas de los ciudadanos». «Los españoles esperan esta responsabilidad», aseguró la segunda máxima autoridad de Aragón, antes de insistir en su compromiso con «la defensa de la unidad de España, el Estado de Derecho y la igualdad».

Hasta ahí, todo dentro de los parámetros de su figura representativa. Pero como ya le ocurrió en su discurso del Día de Aragón, Fernández volvió a mezclar su papel de presidenta del Parlamento autonómico con el de diputada de Vox. «No puedo permanecer de perfil ante una situación que promueve la ruptura de la unidad de España», afirmó Fernández, que se comprometió a «trabajar contra el debilitamiento del Estado democrático, por ese impulso que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se está dando a iniciativas injustas e inconstitucionales». «En España el poder legislativo ha sido absorbido por el Ejecutivo y solo queda el judicial», lamentó la presidenta de las Cortes, que marcó su postura en «una situación de extrema gravedad».

Para Fernández, «el Estado de Derecho y la libertad están en grave riesgo». La propuesta de la declaración institucional, rechazada finalmente, se alinea con los informes que los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón y del propio Gobierno autonómico han emitido últimamente contra la Ley de Amnistía.

Si la presidenta de las Cortes optó en su papel opositor contra el presidente Sánchez por la crítica a la amnistía, Jorge Azcón se centró en la investigación que rode a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. «Debería tener consecuencicas políticas», comentó Azcón, que afirmó que «el presidente del Gobierno tendría que hacer una reflexión sobre lo que él ha exigido a otros políticos que han estado envueltos en causas de corrupción y aplicárselo en este momento directamente».

El propio Azcón criticó la publicación de Sánchez de una segunda carta dirigida a la ciudadanía en la que analizaba la situación de su esposa. «Más ruedas de prensa ante los medios de comunicación para explicar a los ciudadanos por qué su mujer está envuelta en un caso de corrupción, en un caso de tráfico de influencias, y no atacar a los jueces que están cumpliendo con su trabajo, con lo que marca la Constitución y la separación de poderes», afeó el presidente aragonés, que criticó a Sánchez «querer hablar del fango para no hablar de su mujer, pero no se ha dado cuenta de que la que está imputada por corrupción es su mujer».

La que también cargó contra Pedro Sánchez fue la vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón Mar Vaquero, que tildó de «gravísima» la situación. «No hay ningún país donde la mujer del presidente del Gobierno esté siendo investigada y esté imputada por malversación y tráfico de influencias», aseguró Vaquero, que incidió en que Begoña Gómez «ha aprovechado su condición para lucrarse».

Respecto a la situación, Azcón se mostró convencido de que «hay tráfico de influencias» y que es «evidente» que «que si le cogían el teléfono esas grandes empresas era porque era la mujer del presidente del Gobierno, no porque su máster tuviera un especial interés para ninguna de ellas».

Sobre el propio Sánchez, al que exigió su dimisión, y su nueva carta a la ciudadanía, la vicepresidenta consideró el escrito «una falta de respeto a los españoles» y que es más propio de un culebrón melodramático y que recuerda a regímenes totalitarios y caribeños. «Cuesta mucho que esté recurriendo a estos métodos, es muy lamentable», subrayó.

Además, Vaquero recordó que el presidente del Gobierno está gobernando tras perder unas elecciones, siendo el primero en la historia, y recomendó a Sánchez exigir a su entorno personal «una mínima parte» de lo que le exige al Partido Popular.