Memoria democrática: Aragón recibe 126.700 euros del Estado para exhumaciones

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha acordado con las comunidades autónomas el reparto de 3 millones de euros para labores de exhumación de fosas, de los que 126.759 corresponden a Aragón. Esta subvención llega tres días antes de las elecciones europeas y apenas una semana después de que el Consejo de Ministros acordara recurrir ante el Tribunal Constitucional la derogación por parte del Gobierno PP-Vox de la ley de memoria democrática aragonesa.

La derogación de la normativa autonómica es más bien un gesto ideológico que otra cosa, dado que existe una normativa superior que Aragón, pese a todo, deberá cumplir. Sí que tendrá un importante impacto en la financiación de proyectos tan importantes como las exhumaciones. Por ello, para evitar que los programas se queden en un objetivo y deseo de las familias, el Estado ha acordado repartir entre las regiones 3 millones de euros.

Andalucía es la comunidad que mayor cuantía percibirá, 521.210 euros, seguida de Cataluña con 419.856 y Castilla-La Mancha con 313.874.

La distribución de estos fondos fue aprobada por mayoría en la reunión telemática del Consejo Territorial de Memoria Democrática de ayer en el que participó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; junto al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; y representantes de todas las comunidades, además de Ceuta y Melilla.

El secretario de Estado ha informado de que de esos 3 millones de euros, un total de 2 millones irán destinados a la localización de fosas, la exhumación y la identificación de restos, y el millón restante a acciones para dar a conocer estos hallazgos y «dignificar» esos lugares. Además, aclaró que el reparto de estos fondos entre las comunidades autónomas se ha asignado teniendo en cuenta la cantidad de fosas que tiene cada una.

Según Martínez, en la reunión no se ha comentado nada sobre las llamadas leyes de «concordia» impulsadas por los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y de Castilla y León, y tampoco sobre el recurso que el Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón. En el encuentro también se abordaron otros asuntos, como por ejemplo la necesidad de que las comunidades remitan su catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática para seguir completando el estatal, previsto en la ley nacional de Memoria Democrática.

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Por otro lado, el Ministerio informó a las comunidades autónomas de que ya está en marcha el banco estatal de ADN, previsto también en la ley y al que han empezado a subirse, por medio de un software, perfiles genéticos de personas desaparecidas o muertas en la guerra civil y en la dictadura franquista para poder cotejarlo con muestras de cadáveres o de ADN. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias forenses es el encargado de gestionar este banco estatal de ADN, en el que va a ser posible también que aquellos ciudadanos que lo deseen den muestras de ADN por si en un futuro fuera necesario localizar cadáveres de sus antepasados.

En la reunión también se asignaron a las comunidades autónomas que integrarán junto a otros actores dos comisiones técnicas puestas en marcha recientemente por el Ministerio. En concreto, Extremadura y Asturias formarán parte de la comisión sobre la memoria y reconciliación con el pueblo gitano, y Cataluña y Navarra integrarán la comisión para estudiar el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra civil.