El Gobierno de Aragón abordará la nueva ley de función pública a partir de 2025

El Gobierno de Aragón va a impulsar una ley de función pública con el objetivo de que sea el «paraguas» bajo el que se refugien todas las normativas, decretos y órdenes referidas la evolución de la función pública de la comunidad autónoma. El objetivo es empezar a trabajar en esta ley desde el 1 de enero de 2025 y que sea una realidad en ese mismo año. Así lo ha expresado este lunes durante su comparecencia en las Cortes el director general de Función Pública, Antonio Villacampa, quien aseguró que su intención de abordar de manera definitiva el proceso de digitalización de toda la función pública, así como de hacer del nuevo Servicio de Prevención de Riesgos Laborales una herramienta útil para detectar de manera previa las circunstancias que sean perjudiciales para los trabajadores.

La puesta en marcha de esta ley, dijo Villacampa, lleva pendiente desde 2007. Así, en la línea de lo que ya anunció el consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, Villacampa subrayó la importancia de sacar adelante esta normativa «para no sacar parches en sucesivos decretos con los que dar cumplimiento a lo que es la evolución de la sociedad». La puesta en marcha de esta ley forma parte del programa de cinco puntos que el departamento de Hacienda y Administración Pública planea para modernizar y agilizar la administración autonómica.

Así, las otras cuatro líneas de trabajo hacen referencia, además de a la digitalización de la administración y a la prevención de riesgos laborales ya citadas, a la normalización de la Oferta Pública de Empleo, y la evaluación de los puestos de trabajo en la Administración, tal como reclaman los sindicatos y se reivindica desde hace varias legislaturas. Por otra parte, el director general de Función Pública también puso el foco en la elaboración de una normativa de indemnizaciones por razón de servicio como es, por ejemplo, el caso de hacer un denominador común en las dietas con independencia del cargo en la Administración.

Desde los grupos parlamentarios, la popular Ester Artieda expresó que esta política de la nube contará con «nuevas aplicaciones, bajada de costes de servicios, mejor servicio para todos los proyectos y acondicionamiento de las infraestructuras para reducir el coste de mantenimiento», mientras que Óscar Galeano (PSOE) trasladó interrogantes como las garantías existentes para la seguridad de los datos o la formación del personal, aunque resaltó que este texto legislativo de tecnologías cloud es «un elemento de crecimiento considerable». Civiac (Vox) también llamó a seguir con el proceso de digitalización, mientras que Soro (CHA) hizo hincapié en la necesidad de seguir formando al personal. Buj (Aragón Existe) recalcó la «buena oportunidad» que supone para esto la llegada de los centros de datos y Sanz (IU) mostró su preocupación por la «merma» del presupuesto, que cifró en un descenso de 24 a 19 millones.