Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la falsificación de tarjetas de solicitantes de asilo. La red criminal cobraba 300 euros de media por cada documento falsificado. Se ha podido estimar que, en los últimos cuatro años, habría producido más de 700 documentos falsos, lo que implicaría que los beneficios obtenidos podrían superar los 200.000 euros.

Nueve de los detenidos eran miembros del entramado criminal, mientras que los otros 20 eran clientes que compraban los documentos falsos a la organización, encontrándose en las provincias de Huelva, Almería, Murcia y Zaragoza. Varios integrantes de la organización habían sido detenidos por hechos similares realizados unos años antes. En concreto, tres de los implicados contaban con diferentes detenciones por falsedad documental.

La estructura del entramado se dividía en dos ramas diferentes, ambas asentadas en la provincia de Madrid pero con repercusiones en todo el territorio nacional. Proporcionaban los documentos falsificados a sus clientes a través de citas presenciales si se encontraban cerca de Madrid o mediante envíos postales o agencias de paquetería en caso contrario.

Los integrantes de una de las ramas de la organización eran personas de origen subsahariano, nacionales de Nigeria, Malí y Costa de Marfil, encargados de distribuir las tarjetas entre los migrantes. El principal responsable de la otra facción resultó ser un varón de origen colombiano que distribuía los documentos falsificados entre personas de origen sudamericano.

La investigación dio comienzo al detectarse documentos de solicitante de asilo falsificados presentados por los propios migrantes para la realización de diversas gestiones, como darse de alta en la Seguridad Social o identificarse ante las autoridades policiales y administrativas. El operativo policial culminó con 29 detenidos.

Se han intervenido un total de 39 documentos falsos, 27 de los cuales eran tarjetas de solicitantes de asilo, ocho tarjetas de identificación de extranjeros, dos pasaportes de Guinea y dos permisos de conducir. Asimismo, se han intervenido 3.700 euros en efectivo, una impresora de tarjetas de PVC, 17 teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, tres tabletas electrónicas y diversa documentación relacionada con la investigación.