"Mi obsesión es mirar el origen del material, si sospecho no compro"

Mario Clavería es una de las 33.000 personas que trabajan en el sector de la chatarra en España. Desde el 2013 está al frente de Recicogullada, en el polígono de Cogullada, en Zaragoza. Una de sus obsesiones, por no decir la principal, es el origen del material que adquiere a terceros.

De él depende su credibilidad como empresario a la hora de colocar el material a empresas de gestión de residuos y de no incurrir en un delito de receptación, que es cuando una persona ayuda a los responsables de un robo a aprovecharse del mismo o a hacerlo suyo. Y es que son a ellos a quienes suelen acudir los amigos de lo ajeno para dar salida a su mercancía tras el robo. «Podría comprar cuatro veces más de cobre que el que cojo, pero hay que saber muy bien el origen», asegura.

Una afirmación con la que pierde seguramente dinero, pero que gana en tranquilidad. «Dormir bien por las noches es lo que busco», insiste. En estos momentos el kilo de cobre se paga a 5,50 euros, según marca la Bolsa de Metales de Londres (LME) y de la que está siempre muy atento.

Clavería destaca que hubo un momento, durante el boom de la construcción y de la burbuja inmobiliaria, que el número de personas que ofrecían cobre era muy elevado, pero que en estos momentos está de bajada después «de los portazos que hemos dado (refiriéndose al sector) a gente que no era de fiar, la persecución policial y de la crisis actual.

Todo bajo control

Todo lo que compra, bien sea el conocido como oro rojo, aluminio o chatarra lo tiene registrado. «Toda la persona o empresa que trae aquí o le compramos metales lo documentamos en un fichero que semanalmente comunicamos al Cuerpo Nacional de Policía», señala este empresario zaragozano, quien añade que «ante una denuncia de un robo determinado, ellos comprueban los registros de los 15 chatarreros que estamos en Zaragoza y si no lo han colado, el delincuente es fácil de encontrarle. Está registrado». 

Esta forma de trabajo no solo la realiza con el cobre, sino con el resto de metales que día a día entra en su empresa. El dinero que se mueve lo merece. Por una tonelada de chatarra se paga en estos momentos unos 220 euros y por el aluminio sobre 1,20 euros el kilo, cuando se trata del premium, puesto que el de calidad más baja está en unos 0,70 céntimos de euro. Unos precios que varían según lo que marque la LME.

En su empresa los trabajadores tienen sus métodos para poder verificar el origen de un material que no desvela para no dar pistas a quien pretende hacer negocio con material robado, pero reconoce que la experiencia de años es importante para «reconocer al primer vistazo que ese cable gordo de cobre es Renfe». «A la primera le diríamos a esa persona que no estamos interesados en ese material», sentencia.

 No obstante, Clavería puso en marcha un sistema de prevención legal que encargó al despacho de Cabrejas Abogados. Entre los mecanismo de control contable y fiscal implementados no solo está saber el origen del material, sino también evitar otros delitos como la falsificación de documento mercantil entre particulares, contra los recursos naturales y el medio ambiente, el blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. «Con todos estos controles nos protegemos, pero hemos conseguido labrarnos una buena reputación», afirma Clavería visiblemente orgulloso.

China manda

Sobre cómo va el negocio admite que en estos momentos está fluctuando «mucho», puesto que el aumento de los precios también está afectando a su sector. «Cuando China pide material es cuando más aumenta la demanda y más ganamos, pero eso no pasa de forma constante», explica.

La pandemia ha multiplicado el trabajo. Desde el sector señalan que en épocas de crisis, hay muchas empresas que cierran y hay mucho material que recoger. No obstante, cuando acaban los periodos de bonanza llegan las promociones inmobiliarias y, por lo tanto, la demanda de materiales  para la construcción, principalmente.

Clavería es el ejemplo de que detrás de la chatarra va más allá de esa imagen de alguien que recorre las calles buscando ventanas en obras o, incluso, electrodomésticos. La chatarra es un sector que supone un 1% del PIB nacional, según la Federación Española de Reciclaje (FER), donde señalan que más de 33.000 personas trabajan en este sector.