Un abogado de Zaragoza denuncia a Pedro Sánchez por la amnistía

Un abogado de Zaragoza, Cristian Monclús, ha presentado esta semana una denuncia contra Pedro Sánchez como presunto autor de un delito contra las instituciones del Estado y la división de poderes. Lo hace “por preocupación” y como forma de reaccionar de “una forma simbólica” ante la declaración de la amnistía y la inclusión del lawfare, lo que él considera “una amenaza velada que no se debería permitir en un Estado de Derecho”. Con todo ello, este penalista zaragozano incoó el miércoles la denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza, en funciones de guardia, que deberá inhibir la causa a favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Este jurista evita hacer cualquier tipo de análisis político de la coyuntura nacional y basa su argumentario en criterios jurídicos al considerar que las prácticas de Sánchez constituyen un delito contemplado en el artículo 5del Código Penal. Para ello alude al “aluvión de comunicados públicos de la práctica totalidad de operadores jurídicos y sociales” a través de los cuales han mostrado su oposición frontal al acuerdo de los socialistas con los independentistas catalanes. “Jamás en la historia de nuestra democracia se había producido una erosión tan acuciante de los principios que rigen nuestra convivencia”, explica en la misiva.

Monclús recuerda en su escrito que el Tribunal Supremo se pronunció sobre esta modalidad delictiva en la sentencia nº 312/2006 de 14 de marzo al indicar que “el delito de usurpación se consuma con el simple hecho de perturbar la decisión del juez, independientemente  de que se alcance o no el fin apetecido por el usurpador”. A partir de este fallo, el letrado considera que existen indicios “esenciales” que podrían corroborar la comisión de este delito tras la concatenación de los últimos episodios y su punto de partida con la firma del acuerdo de investidura el pasado 9 de noviembre.

La cronología que recoge el penalista finaliza con el comunicado emitido este mismo lunes por el Tribunal Supremo, a través del cual ruega por “la separación de poderes” y advierte de la “contrariedad a que la función jurisdiccional sea fiscalizada por la política”. Todo ello lleva a Monclús a presentar la Ley Órgánica de Amnistía como “una decapitación del ejercicio de la potestad judicial” al que se suma el anuncio de “comisiones de investigación”. “No solo sobre aquellos jueces y magistrados que en su día aplicaron la legalidad vigente en los casos del procès, sino también sobre aquellos que una vez vigente la norma la tengan que aplicar, pudiendo exigirles responsabilidades a unos y otras a través de comisiones de investigación políticas”, añade.

La interposición de la denuncia responde a su deber “como ciudadano” y “como abogado” ante un momento “histórico” en la historia de España del que, duda Monclús, se desconoce “la envergadura de los efectos de la norma”. “Se ha abierto la caja de los truenos porque, de aquí a futuro, no sabemos cuándo se va a utilizar la ley de la amnistía”, finaliza.