Seis años de cárcel por violar a la cuidadora de su niña en Zaragoza

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a José Antonio Gómez Flores (Nicaragua, 1992) a seis años de cárcel como autor de un delito de agresión sexual por violar a la cuidadora de su hija, una joven de 17 años a la que penetró vaginalmente hasta en tres ocasiones cuando dormía en la cama junto a la pequeña. El progenitor se adentró la noche del 24 de noviembre de 2022 en el dormitorio de la vivienda familiar ubicada en el zaragozano barrio del Oliver y, tras bajarle los pantalones y la ropa interior, le agarró de los hombros y de los brazos para que no pudiera escapar. Cuando la víctima logró zafarse, se encerró con el pestillo en el cuarto hasta que, a la mañana siguiente, regresó la madre de la niña .

Durante el tiempo en el que permaneció a salvo en el dormitorio, envió un mensaje de WhatsApp a esta última para ponerle al tanto de lo que le había ocurrido. «No sé si vas a creerme, pero estaba durmiendo con la niña y me desperté y tenía a José desnudo metiéndome eso suyo», le escribió para dejar constancia de ello al mismo tiempo que todavía quedaba sorprendida por la presencia del ahora condenado porque, en principio, iba a permanecer fuera de casa esa noche. De ahí que ella se quedara a cargo de la niña.

Este mensaje, junto a su testimonio –«detallado», «coherente», «persistente» y «sin incurrir en contradicciones», según los magistrados– y los restos de ADN en las bragas de la joven, ha supuesto prueba de cargo suficiente para que el tribunal provincial, presidido por el magistrado Francisco Picazo, haya firmado una sentencia condenatoria contra Gómez Flores, defendido por Alejandro Sarasa.

La sentencia también recoge una orden de alejamiento de 200 metros durante diez años y el pago de una indemnización de 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños ocasionados a la víctima. No en vano, la psicóloga que le ha asistido durante este tiempo recordó durante el juicio que sufría ansiedad, pesadillas, irritabilidad o sentimiento de culpa encuadrados en una situación de estrés postraumático.

Inicialmente, tanto el ministerio fiscal como la acusación particular solicitaron una pena de ocho años de cárcel. Contra el fallo todavía cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

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