Condenado un constructor de Novallas por no ejecutar la reforma que cobró a un granjero murciano

Adelantar parte del pago de una reforma y no ejecutar los trabajos es una práctica habitual en los procedimientos judiciales de estafas que, con cierta frecuencia, llegan a los tribunales zaragozanos. Este fue el modus operandi al que recurrió un constructor -Eusebio José Martínez Casedas- de la localidad zaragozana de Novallas para estafar 4.000 euros a un murciano que contrató sus servicios a través de Milanuncios para reformar una granja de gallinas. Ayer, el propietario de la mercantil Yusnogadi S. L. reconoció los hechos ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza y aceptó una pena de nueve meses de cárcel como autor de un delito de estafa.

Estos fueron los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de la abogada María Luisa López y la defensa del ahora condenado, y que también recoge el pago de una multa de 8.000 euros a cargo de la sociedad limitada de la que es titular Martínez Casedas. El constructor, no obstante, no ingresará en prisión al quedar suspendida la pena con las condiciones de que no delinca en los próximos dos años, complete 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y abone una indemnización de 4.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Junto a él también se sentó en el banquillo de los acusados un segundo varón que quedó absuelto al ser ajeno a las artimañas de su compañero.

De acuerdo al escrito de acusación de la Fiscalía, el ahora condenado se desplazó hasta Murcia para visitar la granja y elaborar el presupuesto de reforma, el cual elevó hasta 10.890 euros. Así solicitó un pago inicial de 4.000 euros que cobró a través de una transferencia bancaria el 6 de mayo de 2021, aunque a partir de la citada fecha no se iniciaron las obras y las reformas correspondientes. La excusa del constructor fue el elevado volumen de trabajo de la empresa hasta que, en julio de 2021, decidió cortar la comunicación que mantenía con el cliente a través de WhatsApp. Días después, la Guardia Civil se puso en contacto con la víctima para interesarse por la transferencia de 4.000 euros que abonó en favor de la constructora.

La sentencia, que fue dictada in voce por el presidente del tribunal provincial, el magistrado Francisco Picazo, es firme al señalar las partes que no presentarán recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Inicialmente, la acusación particular solicitaba una pena de seis años de cárcel y el pago de una multa de 4.320 euros a razón de 12 euros diarios durante 12 meses. La causa la ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ejea de los Caballeros.

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