La DGA ha decidido clasificar la presa de Los Toranes como Bien Inventariado del Patrimonio Cultural Aragonés, una figura con la que conseguiría evitar el derribo de la misma y atender la petición de quienes se oponían a ello y que no habían conseguido detenerlo en vía administrativa. El Ejecutivo autonómico publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el inicio del expediente para la protección de esta infraestructura como bien cultural, junto con la central hidroeléctrica de Albentosa-Los Toranes y la acequia del Diablo, como propuso el Consejo Comarcal de Gúdar-Javalambre.

«Una buena noticia», destacó Elena Benito, vecina regante afectada y representante de Acequias Vivas, para esta presa situada en Albentosa (Teruel) que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) había optado por facilitar su derribo al responder con el silencio administrativo (que equivale a una negativa en este caso), al recurso de alzada presentado el pasado 24 de diciembre por colectivos vecinales que se oponían a su demolición.

El ministerio había dejado sin respuesta a los afectados por el derribo de la presa, y estos se sentían «ninguneados y discriminados» por él. «A Iberdrola sí que respondió en plazo, sin embargo los vecinos no merecemos una contestación», añadió Elena Benito. Con esto, la presa, ubicada en el río Mijares a su paso por Albentosa, debía ser demolida según la orden dictada pese al desacuerdo de la población. Unos afectados entre los que estaban los de la Asociación de Vecinos de los Giles, que fue la que recibió el silencio administrativo como respuesta por parte del ministerio, a un recurso de alzada que presentaron junto a otros colectivos del valle de Olba el pasado 24 de diciembre. En este sentido, consideraron que no contestar es una decisión muy meditada en tanto que les obliga a ir al procedimiento contencioso administrativo con lo que ello supone. Además de que al no contestar a las cuestiones planteadas en el citado recurso, «no da la cara» para «no justificar su postura y, así, no dar argumentos para su defensa ante el contencioso».

Por eso, el inicio del expediente de la DGA, que instó la propia comarca de Gúdar Javalambre en diciembre, lo cambia todo. Porque «pese a ser el menor grado de protección que un bien cultural puede tener», supondrá que el desmantelamiento y la demolición «no podrá llevarse a cabo». «Al final todas nuestras acciones de comunicación digital y prensa van teniendo sus recompensas porque supusieron trasladar la presión social a los partidos políticos», añadió.