Críticas ante la falta de cuidados en el puente del río Isábena

La falta de conservación en el puente de Isábena hace peligrar el paso por él a los habitantes de la zona. Son 400 m³ grava acumulada que impiden el paso del agua por el río, taponando uno de sus grandes arcos.

Esta construcción de piedra llera está compuesto por tres arcos que son el ojo de paso de las aguas del río. Además, este puente que atraviesa Isábena, es el paso diario del autobús escolar de los niños de la zona y conecta a otros pueblos de alrededor.

«Es que el día menos pensado una riada se lleva el puente con alguien encima», asegura José Casanovas, residente de la Puebla de Roda. Un problema sin solución por parte de la administración que «he comunicado varias veces de esta situación y desde el Ayuntamiento no parece importarles», explica Casanovas.

«El alcalde es de Barbastro y, por lo que parece, para él no supone un problema nuestra situación», continúa el vecino. Tras contactar con la Confederación de Aguas del Ebro, Casanovas señala que el perito determinó que «estos daños los tenía que subsanar el propietario de la instalación».

Pero la falta de comunicación entre las autoridades ha hecho mella en la paciencia de José. «Desde el ayuntamiento me dijeron que el responsable era la diputación, por ser un acceso a otras villas existentes al otro lado de la ribera», asegura el vecino. Sin embargo, cuando Casanovas se puso en contacto con la diputación se encontró con otra versión de los hechos: «Me aseguraron que el propietario del puente era el ayuntamiento, por lo que el señor alcalde Joaquín me mintió», señala con indignación.

La demora de esta obligación de mantenimiento, para que el puente pueda soportar las posibles riadas, supone para Casanovas «un acto de mala fe que pone en peligro a la comunidad del valle de Isábena».

Casanovas no comprende que esta incidencia no se haya alertado antes, «tras las inspecciones no se ha hecho nada y se ha permitido la acumulación de residuos del río que dejan a una instalación importante precaria en su funcionamiento», lamenta José.

Sus esperanzas están ahora en que se sancione la irresponsabilidad de la administración, cuyo deber es «prever los daños alertados desde hace mucho tiempo», concluye Casanovas.